Por Pablo Vicente
Analizar el fenómeno del clientelismo no es tarea fácil ya que para algunos es un fantasma que a primera vista es invisible, pero se supone que está presente en todos los lados. Tiene muchas caras, pero nadie sabe exactamente cuál es su apariencia, por lo que con los rumores público cada quien inventa un aspecto nuevo, aunque finalmente todos los percibimos y coincidimos como algo negativo o malo, que no contribuye con un Estado social y democrático de derecho y que además tiene un campo fértil para la corrupción.
Existen muchas definiciones de varias disciplinas académicas sobre clientelismo político, la famosa página de internet Wikipedia lo define como un intercambio extraoficial de favores, en el cual los titulares de cargos políticos regulan la concesión de prestaciones, obtenidas a través de su función pública o de contactos relacionados con ella, a cambio de apoyo electoral. Sin embargo en la realidad, las prácticas clientelares son mucho más que un simple intercambio de favores por votos.
La esencia del clientelismo radica en un intercambio de favores entre gobernantes y personas o grupos de ellas dentro de una relación de mutuo beneficio. La naturaleza del clientelismo es claramente informal, es decir, que está fuera de todo protocolo oficial, de todo formalismo y se basa en acuerdos verbales.
En ese sentido hablamos de clientelismo cuando las personas y grupos obtienen del gobierno tratamientos excepcionales, como favores, concesiones, privilegios y exenciones que les representan un provecho propio.
No podemos confundir acciones de solidaridad con las personas que están en situación de vulnerabilidad, más aun cuando el garante de la política social no está cumpliendo con garantizar un derecho que en muchos casos se da por favor lo que se debe garantizar por derecho.
El clientelismo puede estar fuertemente correlacionado con la corrupción y, en consecuencia, puede afectar el crecimiento económico y el combate a la pobreza, desde un enfoque basado en derechos, el clientelismo y la corrupción son esencialmente contradictorios e incompatibles en cualquier Estado de derecho que pretenda garantizar los derechos sociales de las personas excluidas por la pobreza y la desigualdad social.
Desde esta perspectiva, el Estado debe promover la inclusión de las personas en situación de pobreza no como receptoras pasivas de ayuda estatal sino como titulares de derechos exigibles, que obligan al Estado a garantizar el acceso a servicios sociales básicos en condiciones de igualdad y no discriminación.
Indiscutiblemente el camino hacia una verdadera democracia está en crear conciencia en la clase política haciendo que los llamados “clientes” sean sustituidos por ciudadanos. La única manera de combatir el clientelismo es desde un enfoque de derecho, ver a las personas como sujeto de derecho y r