Delincuencia en República Dominicana: cuando se minimiza el delito, mientras la PN sigue con práctica de ´´puesto en 29´´
Un análisis sobre el fenómeno sociocultural detrás de las familias que justifican el delito menor tras la pérdida de jóvenes en República Dominicana. Santo Domingo, R.D.-…
Un análisis sobre el fenómeno sociocultural detrás de las familias que justifican el delito menor tras la pérdida de jóvenes en República Dominicana.
Santo Domingo, R.D.- En los últimos años, el debate sobre la seguridad ciudadana en la República Dominicana ha tomado un matiz complejo e inquietante que va más allá de las estadísticas policiales. Cada vez es más frecuente escuchar a padres y madres, en medio del dolor por la pérdida de sus hijos en supuestos intercambios de disparos con las autoridades, expresar frases como «él solo robaba motores» o «solo vendía drogas», lejos de ser simples desaciertos verbales, exponen un fenómeno de distorsión moral y normalización del delito que impacta de lleno a los sectores más vulnerables del país.
En tanto, la Policía Nacional sigue con la práctica conocida como ´´puesto en 29´´ silenciando a presuntos delincuentes en supuestos intercambios de disparos, pese a que insiste en que ese tipo de acciones no son parte de sus lineamientos oficiales.
Especialistas en sociología y conducta humana de familias de delincuentes coinciden en que este comportamiento responde a una clasificación arbitraria de la criminalidad dentro de las propias comunidades. Para muchas familias en barrios marginales, la figura del «delincuente» se reserva exclusivamente para quien comete actos de violencia extrema, como asesinatos o asaltos a sus propios vecinos.
En cambio, actividades como el microtráfico o los hurtos menores son percibidas como estrategias informales de supervivencia o formas de «buscarse la vida», despojando a la acción ilegal de su connotación delictiva.
Un factor determinante en esta percepción es la profunda vulnerabilidad económica que atraviesan estos hogares. En numerosas ocasiones, los jóvenes involucrados en actividades ilícitas se convierten en el sustento principal de sus familias, aportando ingresos para la compra de alimentos, medicinas o el pago de servicios básicos. Esta dependencia financiera genera un sesgo en el núcleo familiar, donde el beneficio económico inmediato invisibiliza la gravedad de la falta y justifica éticamente la conducta del joven ante los ojos de sus progenitores.
A esto se suma el impacto psicológico del duelo repentino y los mecanismos de defensa naturales de los padres. Reconocer públicamente que un hijo fallecido era un criminal implica aceptar que su trágico final estuvo justificado socialmente, un golpe emocional difícil de asimilar para cualquier progenitor. Por ello, la reacción inmediata suele ser apelar a la dimensión humana del joven —destacando su rol de buen hijo, hermano o vecino— para intentar preservar su memoria y aminorar la culpa compartida.
Por otro lado, la histórica desconfianza hacia los métodos de la Policía Nacional desempeña un papel central en la narrativa comunitaria. Los cuestionamientos en torno a los denominados «intercambios de disparos» provocan que las familias asuman con escepticismo las versiones oficiales de los hechos. Esta brecha de credibilidad impulsa a los parientes a ponerse a la defensiva, minimizando las infracciones cometidas por sus allegados como una forma de denuncia o resistencia ante el accionar de las fuerzas del orden.
La cultura del dinero rápido y la falta de referentes positivos en los entornos vulnerables también aceleran la erosión de los valores tradicionales. Ante un sistema que ofrece escasas oportunidades de movilidad social a través del estudio o el empleo formal, el delito menor se convierte en una opción normalizada y hasta aspiracional para muchos jóvenes. La ausencia de fronteras claras entre lo legal y lo ilegal termina por moldear la percepción colectiva de toda una comunidad.
Analistas sociales advierten que enfrentar esta realidad requiere un abordaje integral que trascienda la respuesta puramente represiva del Estado. Si bien el patrullaje y la persecución del crimen son indispensables, no resulta suficiente combatir la delincuencia sin intervenir de manera directa en las causas estructurales que la alimentan. La reestructuración del tejido social en los barrios debe ser una prioridad nacional para evitar que la ilegalidad siga viéndose como un oficio aceptable.
En conclusión, las impactantes declaraciones de estas familias son el síntoma visible de una fractura sociocultural profunda que afecta a la sociedad dominicana. Desmontar la justificación del delito exige un esfuerzo conjunto entre el Gobierno, las escuelas, las iglesias y las organizaciones comunitarias para restaurar la cultura del esfuerzo, promover la educación en valores y ofrecer a la juventud de los barrios alternativas reales de desarrollo humano e inclusión social.
Una actitud lamentable
El presidente del Comité Dominicano de los Derechos Humanos (CDDH), Manuel María Mercedes, señala que es lamentable la actitud que también vienen asumiendo los familiares, porque "si usted sabe que un hijo consume droga, el deber suyo no es admitir que él consume droga; el deber de usted como padre o como madre es contribuir, cuando existen centros de rehabilitación para ese tipo de jóvenes que por desgracia de la vida caen en esa situación de vicio".
Manifiesta que es impropio que una familia diga y considere que el delito que está cometiendo su hijo no es trascendental , como si no tuviera importancia. "Porque cuando usted dice que su hijo lo que hacía era que o robaba o consumía droga y que él no atracaba pero era drogadicto, no atracaba, no mataba, pero robaba para satisfacer ese vicio… esa es una desviación de los familiares como resultado de la descomposición social que hoy vive la familia dominicana".
Agrega que como si fuera poco, admiten la situación de culpabilidad y de punibilidad que tienen sus familiares con respecto al delito que ellos venían cometiendo. "Vender droga está penalizado. El hacer cualquier otra actividad que viole la ley no debería ser aplaudido ni hacer referencia por parte de los familiares como si no estuvieran violando la ley o como si nada estuviera pasando".
En ese sentido, valora como negativo la actitud de los padres en reconocer de que su hijo estaba en una actividad ilícita pero que no hacían nada para sacarlo de ahí, ni solicitaban colaboración y ayuda a las instituciones estatales (que las hay) o a las instituciones de la sociedad civil, o no acudían a los derechos humanos para nosotros ayudarlos en el marco de sacar a esos jóvenes de esa situación que los familiares terminan admitiendo, pero que no fueron capaces de enderezarlos ni buscar ayuda para sacar a su hijo de ese drama y de esa situación que hoy afecta a la sociedad".
Sobre las muertes en supuestos intercambios de disparos
El presidente del CDDH, Manuel María Mercedes, reiteró que las ejecuciones (supuestos intercambios de disparos) que viene cometiendo la Policía Nacional, violan el artículo 37 de la Constitución y, además, los artículos siguientes de la propia Constitución porque también violan la dignidad humana.
Indica que la comisión, desde 1996 hasta el 2026, ha venido en una lucha flagante de denuncia y oponiéndose a las ejecuciones que antes le llamaban "intercambio de disparos", pero "que hoy ha quedado evidenciado que no son más que ejecuciones. Y nos oponemos a ellas porque con las ejecuciones policiales no se resuelve el problema de la criminalidad ni tampoco de la violencia; al contrario, esta genera más violencia y, como usted sabrá, la violencia no debe combatirse con la violencia".
Sostuvo que el Estado ha fracasado en materia de la aplicación de una política incorrecta, como es la política de mano dura que también ha fracasado. "Ahora se endureció la pena en el Código Penal y también, por el camino que va, no ha contribuido a solucionar el problema de la delincuencia que afecta hoy a la sociedad, y todo por la falta de política pública y porque no se han ido a la verdadera causa que genera el problema de la criminalidad en la sociedad. Y, por lo tanto, el Ministerio de Interior y Policía, que está llamado a aplicar la política preventiva, que es lo que se recomienda para este tipo de casos para no llegar al delito".
"Entonces, por esa vía es que, y por esos elementos entre otros, es que nosotros rechazamos lo que son las ejecuciones que vienen cometiéndose desde la Policía Nacional. Por otro lado, con esa actividad realmente no se va a solucionar el problema, con las ejecuciones", expresó.
Advirtió que por ese camino "seguimos hacia el fracaso, porque con ninguna de las medidas que se han venido tomando se ha solucionado el problema, y no se va a solucionar porque no se va a la verdadera causa que lo genera. Lleva a la población a un estado de desesperación. Promueven hasta la pena de muerte a través de un número como el Código 29 que ellos le han puesto, y todo eso viola el Estado democrático y social de derecho al que la comisión se opone y al que ha hecho acciones para que por esa vía el Estado dominicano ratifique y elabore verdadera política pública que lleve a contribuir a la disminución de este grave problema como es la seguridad ciudadana y como es la constante… los constantes robos y atracos que se producen en la República Dominicana".
En iguales términos se expresó el director de la Defensa Publica, Rodolfo Valentin Santos, quien advirtió que el director de la Policía Nacional podría enfrentar demandas civiles por muertes de jóvenes presuntos delincuentes en supuestos intercambios de disparos.
Sostiene que normalizar ese tipo de actos de parte de la PN, compromete al jefe policial ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, porque se traduce en asesinato por omisión.
Recordó que el articulo 37 de la Constitución establece derecho a la vida y agregó que si se prepara a 20 ó 30 personas, con uniformes y armas, asechando, para luego anunciar muertes en supuestos intercambios de disparos, esa situación se traduce en asesinato por omisión y el director de la PN puede ser procesado penalmente.
Manifestó que desde el Estado no puede promoverse asesinatos en contra de personas que están siendo perseguidas, porque un uniforme no está por encima de la Constitución.
Reiteró que el director de la PN puede ser procesado penalmente, acusado de asesinato por omisión y advierte que tiene que poner regimen en su personal, capacitarlo para someter a la obediencia a ls delincuentes y de lo contrario se tiene que revisar la reforma policial.
