Por Inmaculada Liriano
Economista y Magister en Logística
Cerrar las bancas de lotería es el sueño de algunas personas. Su alegato principal es que el juego es un vicio que ocasiona adición y pérdidas económicas a las personas.
¿Pero qué sucedería realmente si el gobierno actual decidiera cerrar repentinamente las más de 70 mil bancas que operan en todo el país?
No dudamos de las buenas intenciones de muchas de esas personas, algunas de las cuales son excelentes profesionales; pero si dudamos de su capacidad para comprender apropiadamente cómo funcionan ciertos hechos socioeconómicos, cuando suponen que el cierre total de las bancas de lotería no ocasionaría nada del otro mundo.
Estas personas creen cándidamente que, de cerrarse estos negocios, los 2,000 o más millones de pesos que dejaría de percibir el fisco, y que se dedican a planes de educación y salud, se podrían encontrar fácilmente auscultando otras fuentes de ingresos.
Sin embargo, lo que haría delicado una posible acción gubernamental de ese tipo no es la pérdida de ingresos del gobierno, sino el hecho de que con ella el gobierno habría tirado a las calles a más de 175 mil empleados, una cifra equivalente al 3.5% de la tasa de ocupación nacional actual.
Pero más importante aún, con dicha acción, a la vez habría retirado del sistema de seguridad familiar y de cotización del fondo de pensiones a igual cantidad de personas; algo que no sería conveniente para miles de familias pobres y la propia sociedad, puesto que alrededor del 90% de estos empleados son madres solteras, a las cuales sería difícil reintegrar a un empleo de más calidad debido a su bajo nivel académico.
Pero las cosas no se detienen ahí. Los expertos sostienen que por cada empleo directo que se genera en una economía, se crean cinco empleos indirectos más. En efecto, las empresas como las de juegos de lotería con puntos dedicados (bancas o agencias), para operar debidamente están obligadas a comprar equipos computacionales, inversores, baterías, equipos de oficinas, equipo de transporte, y materiales gastables.
La cantidad de equipos que adquieren la totalidad de estas empresas ascienden a cientos de miles al año. Pero, además, estas empresas requieren contratar servicios de comunicaciones, servicios tecnológicos de sistema, servicios de electricidad, e innumerables servicios de apoyo técnico-profesionales.
Todo esto significa que, aún reduciendo a la mitad la cantidad estimada de empleos indirectos que genere la actividad lotérica con base a puntos dedicados (bancas o agencias), habría que estimar que se perderían no menos de 200 mil empleos indirectos, que, sumados a los 175 mil directos, haría que la tasa de ocupación del país caiga en no menos de un 7.5%, en caso de eliminarse la actividad de las bancas de lotería.
Pero ese mismo 7.5% de la población actual ocupada quedaría fuera del sistema familiar de salud y de los fondos de pensiones, lo que contribuiría a agudizar el problema de la seguridad social en la República Dominicana.
Sin embargo, este asunto llega aún más lejos. El posible cierre de las bancas produciría otros efectos no menos importantes dependiente de aquellos. Para entenderlos, estimemos, por ejemplo, que el ingreso promedio de esos empleados directos sea de 12,500 pesos mensuales. Si multiplicamos ese sueldo promedio por la totalidad de empleados indicada más arriba, entonces deberíamos concluir que el cierre de las bancas supondría una contracción monetaria de más de 2000 mil millones de pesos mensuales entre los segmentos más pobres del país.
Algo semejante, acontece con los alquileres de locales. La mayoría de estos son propiedad de personas de escasos recursos que deciden obtener un pequeño ingreso al rentar un pequeño espacio de su vivienda; cosa muy común especialmente en las zonas rurales. Pero si multiplicamos el valor promedio de estos alquileres, el cual ronda en unos 8,500 pesos, por los 70 mil locales en los que operan estas bancas, obtendríamos la cifra de 595 millones de pesos mensuales. Este otro monto también dejaría de circular entre los sectores mas pobres.
Naturalmente, algunas personas muy imaginativas, pero carente de una visión sistémica de los hechos socioeconómicos, pensarían que ese dinero no dejaría de circular entre esos segmentos puesto que los jugadores se vería precisados a gastarlos en cosas necesarias en los negocios locales. Ese sería un sueño hermoso fácil de cumplir si las cosas fueran tan sencillas como esa.
Pero lo real es que los consumidores de juegos no dejarían de apostar; puesto que, por razones psicosociales de la conducta de juego, es seguro que estos, en vez de seguir el deseo de los críticos, redirigirán sus apuestas a aquellas plataformas de comercialización formales montadas en modelos de negocio en línea o comercios asociados por comisiones; un cambio con el cual los jugadores inintencionadamente contribuirían a incrementar la concentración de riqueza de manera más intensiva en menos personas.
Para aquellos que aún desconocen el gran impacto negativo que ocasiona en las sociedades la excesiva concentración de riqueza, que indaguen las causas de las grandes protestas que se vienen escenificando desde el 2020 en américa latina, los Estados Unidos y Europa. Todas ocasionadas esencialmente por la enorme concentración de la riqueza, un fenómeno facilitado por las actuales tecnologías de la automatización; con las cuales se vienen dejando sin empleos a millones de personas en todas partes del mundo.
Pero en su defecto, podría suceder algo no menos inquietante: que estos consumidores realicen sus apuestas en las plataformas ilegales actualmente existente en el país, con todas las consecuencias negativas que esto implica para la sociedad y el Estado, en tanto actividad ilícita.
Ahora bien, lo menos sano para esta sociedad es que se promuevan modelos de negocios que contribuyan a concentrar riqueza mediante los juegos de azar e inducir el desarrollo de la ilegalidad mediante desacertadas decisiones, como parecen indicarlos ciertos indicios de esta administración.
Todas las consideraciones anteriores, nos conducen a pensar que la existencia de las bancas no es el gran problema como creen algunas personas; en verdad el gran problema es que no haya un marco regulatorio basado en ley, que imponga orden en el sector, facilite el cobro de tributos justos, e impida la ejecución de decisiones administrativas arbitraria de los funcionarios públicos.
De modo que cerrar o promover la quiebra de estos negocios, resultaría exponencialmente mucho más dañino para la economía de los más pobres que el supuesto bien que se espera obtener con ello. Por lo tanto, regularlas por ley es la alternativa más sana y conveniente para la economía, la sociedad y el Estado.