La Alianza Dominicana Contra la Corrupción, ADOCCO, presentó al procurador general de la república Francisco Domínguez Brito, una denuncia sobre los reiterados pronunciamientos de diputados de que para lograr la mayoría de votos en la asamblea revisora para modificar la constitución hubo soborno, por parte de funcionarios del gobierno.
Señala qu las más recientes de esas denuncias, se produjeron el pasado sábado cuando se reunió la asamblea, a los fines de conocer la propuesta de modificación de la constitución.
La entida sustentó la solicitud de investigación, presentada al procurador, en las declaraciones que desde hace días vienen dando, diputados como Ramón Bueno, diputado por el Partido Revolucionario Moderno, PRM, quien el 21 de abril dijo “Hay ministros que han contactado legisladores con la intención de sobornarles para que voten a favor de la reforma constitución que permita reintroducir la reelección presidencial por dos periodos consecutivos”.
Durante el conocimiento de la ley de convocatoria a la asamblea revisora el diputado y vocero del PRM Nelson Arroyo responsabilizó a los ministros de Obras Públicas y Economía y al reformista Marino Collante de haberse ocupado de persuadir a sus colegas.
ADOCCO destacó en su solicitud hecha al máximo representante del ministerio público, las declaraciones vertidas durante el desarrollo de la asamblea revisora por la diputada Minou Tavarez Mirabal, quien entre otras cosas, dijo sentirse asqueada del mercado en que convirtieron el Congreso, “Según el diccionario, sobornar es “corromper a alguien con dádivas para conseguir de él algo.” Y en la Cámara de Diputados un legislador hizo una denuncia, con nombres.Esa denuncia la ha mantenido en los medios de comunicación y hasta hoy nadie, ni los directivos del Poder Legislativo, ni los acusados, ni las autoridades de administrar justicia, han pedido que el autor de tan graves acusaciones o se retracte o que sus dichos sirvan para iniciar un proceso que debiera ayudar a higienizar la política enviando a los autores de esos presuntos delitos al lugar donde deben residir los delincuentes.
Nueva vez, los nombres y las sanciones quedarán pendientes. Repito: pendientes. Pendientes, porque en cosa de días, de semanas, confirmaremos que el soborno no sólo significa pagos en dinero como los denunciados en la Cámara de Diputados, conoceremos los nombres de nuevos agraciados en el Gobierno y podremos empezar a sumar para saber cuánto dinero costó a este país en el mundo la aventura de un candidato al Trujillo del siglo XXI”.
Entre los argumentos de ADOCCO presentados, están las declaraciones del diputado Jorge Frías del Partido Revolucionario Moderno que al momento de agotar su turno en la reunión conjunta de las cámaras legislativas dijo: “Hubo sobornos por parte del gobierno y aseveró que intentaron comprarlo para que vote a favor del proyecto de modificación a la Constitución”, anunciando ante sus colegas asambleístas que se ponía de inmediato a disposición del procurador general de la República, Francisco Domínguez Brito para suministrar los nombres de los diputados que fueron “comprados” por funcionarios del gobierno del Partido de la Liberación Dominicana, PLD y dijo estar dispuesto a someterse a la prueba del polígrafo.
El coordinador General de ADOCCO, Julio Cesar De la Rosa Tiburcio, dijo que es penoso que luego de tantas denuncias de soborno, en donde se estarían utilizando los recursos del Estado dominicano el ministerio publico haya sido indiferente a las mismas, cuando es su responsabilidad actuar tan solo por el rumor público y en esta oportunidad no son rumores, sino acusaciones graves y contundentes, con el señalamiento de los responsables de tales prácticas que van en detrimento de la institucionalidad del país, por ello y ante la indiferencia de las autoridades, asimismo nuestra responsabilidad social de emplazar públicamente al procurador general de la república, para que asuma su rol e inicie de inmediato las indagatorias correspondientes.
El vocero de ADOCCO, recordó que por una situación similar a la denunciada de soborno en el Congreso Nacional, en Colombia se abortó el segundo intento del ex presidente Álvaro Uribe de lograr la re postulación presidencial, la que había obtenido mediante un recurso en la Corte Constitucional, cuando la constitución colombiana la prohibía, lo que debe ser tomado como referencia.