La Asociación de Concesionarios de Fabricantes de Vehículos (Acofave) sugirió bajar los impuestos a los automóviles utilitarios de poco consumo y no incentivar la compra de unidades obsoletas y destartaladas, que hacen más mal que bien.
Enrique Fernández, presidente de Acofave, señaló que aumentar de 5 a 8 años la importación de vehículos usados, sería como dar una píldora envenenada y como pedirle a un enfermo que se cure con una medicina vencida, con el agravante de que el daño no es sólo al interesado, sino a toda la sociedad que respirara más aire contaminado.
“Si se desea hacer más asequible los vehículos a la clase de menores ingresos, se debe trabajar con los niveles de impuestos, y con planes de financiamientos flexibles, pero enfocándose en vehículos utilitarios que se encuentren en la escala más baja de producción de CO2, de acuerdo a la Ley 235-12”, expuso.
Indicó también que “no debemos retroceder, sino avanzar. No podemos convertir a nuestro país en el receptor de los desechos de otras economías más avanzadas, ni debemos permitir que nuestro país retroceda en el camino hacia la modernidad y la protección al medio ambiente”.
Fernández señaló que la legislación vigente ha fomentado un mercado de hasta dos vehículos usados por cada nuevo importado, y que con un parque vehicular con el 71.4% de unidades con más de 10 años de edad, importarlos de 6, 7 y 8 años contribuirá a avejentar aún más el parque vehicular.
Indicó que “en caso de que se desee estimular el incremento en las ventas de automóviles y facilitar su asequibilidad, sugerimos analizar con todos los actores del sector medidas tales como reducción de impuestos a vehículos utilitarios, con tecnología ecológica y económicos, ordenamiento del sector, entre otras”.
El presidente ejecutivo de Acofave apeló a los miembros del Senado y a su presidente Reinaldo Pared Pérez, y al presidente Danilo Medina Sánchez a que rechacen la citada iniciativa, con base en el artículo 66 de la Constitución, que establece el derecho colectivo a la conservación del equilibrio ecológico y la protección del medio ambiente.
También los exhortó a asumir el deber del Estado estipulado en el artículo 67 de la Carta Magna, de prevenir la contaminación, y proteger y mantener el medio ambiente en provecho de las presentes y futuras generaciones.
Enfatizó que resulta una incoherencia legislativa establecer, mediante la Ley 235-12 de Reforma Fiscal, un impuesto a los vehículos en base a la emisión de gases de dióxido de carbono (CO2), para estimular la adquisición de vehículos menos contaminantes, y de inmediato aprobar otra ley que promueve la importación de vehículos que, por su antigüedad, generan mayor cantidad de dicho gas, tanto por la obsolescencia de su tecnología como por el desgaste y por el tamaño de sus motores.
El licenciado Fernández describió en un documento de prensa los perjuicios a la economía familiar y seguridad e impacto nacional, el medio ambiente y la salud, los inconvenientes en el tránsito y la pérdida de ingresos fiscales de la referida proyecta promovida en el Senado.
Economía familiar y seguridad e impacto nacional
Mientras más viejos son los vehículos, mayor cantidad de piezas necesitan a costa del consumidor y no del fabricante, el cual emite una garantía durante un período de entre uno hasta cinco años (dependiendo de la marca y modelo). También aumenta la criminalidad por el robo de vehículos para desguazarlos por piezas. ya que las piezas escasean por tratarse de modelos obsoletos. Son mayores el gasto en divisas y los déficits de la Balanza de Pagos y de la Balanza Comercial.
Mientras más antiguos son los vehículos, más combustibles consumen por el diseño anticuado y por su desgaste, lo que afecta el presupuesto personal, la Balanza Comercial y la Balanza de Pagos. Los automóviles usados tienden a ser modificados para utilización de GLP, por lo que se convierten en una carga para el Estado que subsidia dicho combustible.
Medio ambiente y salud
El daño de los vehículos al medio ambiente está ampliamente documentado en la literatura especializada y en los tratados internacionales, como la Convención sobre el Cambio Climático y el Protocolo de Kyoto de las Naciones Unidas, que nos compromete como signatarios a limitar y/o reducir las emisiones de los gases de efecto invernadero en el sector del transporte.
Drew Shindell, científico del Instituto Goddard de la NASA, determinó en un estudio que la adopción de normativas similares a las de la Unión Europea en materia de contaminación ambiental en 2015 en muchos países en desarrollo, salvaría entre 120.000 y 280.000 vidas al año, a partir de 2030, y evitaría una pérdida anual de entre 6.1 millones y 19.7 millones de toneladas de cultivos, reduciría 0.20 grados centígrados en el aumento de temperatura en el hemisferio norte entre 2040 y 2070, y ahorraría 2.4 billones de dólares en gastos de salud a nivel mundial y entre 1,100 y 4,300 millones de dólares en daños a la agricultura.
El Centro Científico Tropical de Costa Rica publicó el “Impacto Ambiental de la Importación de Vehículos”, y en su página 12 aparece el siguiente cuadro que ilustra el incremento de la contaminación de un mismo vehículo con el paso de los años. Esto por obsolescencia, ya que un mismo modelo cada año tiene una tecnología superior, más eficiente, económica y menos contaminante, y por antigüedad, porque al pasar los años los motores y sistemas se deterioran.
Las unidades más viejas contaminan más, ya que los nuevos modelos responden a normativas ambientales más estrictas, y también porque un mismo vehículo al pasar el tiempo se deteriora y genera una mayor cantidad de gases contaminantes. La Ley vigente de permitir solamente hasta cinco años debería modificarse para reducir los años de antigüedad de los importados, especialmente de los pesados cuya antigüedad está permitida hasta los 15 años.
La preservación de la Ley que permite la importación solamente hasta cinco años fue una de las conquistas en la negociación de los tratados de libre comercio firmado por el país, y no tiene sentido renunciar ahora a dicha Ley, por la cual se trabajó para mantener su vigencia.
Inconvenientes en el tránsito
La importación de chatarra afectará la fluidez en las vías de tránsito. El daño es mayor mientras más antiguo es el parque vehicular y peor es su estado. Es notoria la presencia de vehículos viejos y obsoletos en la mayoría de los accidentes de múltiples víctimas que reporta la prensa nacional.
Pérdida de ingresos fiscales
A mayor antigüedad del vehículo, menor es el valor, y como los impuestos se pagan como porcentaje del valor, menos son los ingresos fiscales. Los análisis estadísticos de las importaciones revelan que, como promedio, los vehículos nuevos tributan 5 veces lo que tributan los usados.
Mientras más viejas son las unidades, más informal es su comercialización, aumentando la probabilidad de evasión fiscal por subvaluación, por el costo que significa la fiscalización de transacciones pequeñas y esporádicas. Las ventas informales no reportan el ITBIS final, ni impuesto sobre la renta, ni seguridad social, ni INFOTEP, ni impuestos municipales y fomentan el empleo informal.
También fomentaría la incursión en el negocio de nuevos actores de comercialización al reducirse la inversión necesaria para operar informalmente, en perjuicio de los propios proponentes de la medida. El comercio organizado, incluyendo los importadores de automóviles usados existentes, resultaría afectado por la relajación del mercado automotriz a niveles todavía insospechados.