Erick Rafael Vásquez, vocero de las familias afectadas, declaró que los responsables de la estafa contra las obligaciones de Delta Intur, y sobre todo, contra el sistema del naciente mercado de valores de la República Dominicana, no han dado ninguna señal firme de interés en subsanar el daño creado.
“Los responsables de Delta Intur y las demás empresas vinculadas se han burlado de nosotros y de las autoridades con el juego de que están buscando un acuerdo con los obligacionistas, sin ningún paso concreto para comenzar a resolver el problema, mientras siguen operando libremente en el país”, apuntó Vásquez.
El pasado viernes el Sexto Juzgado de la Instrucción del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva decidió posponer para el 23 de agosto el conocimiento de las medidas coercitivas solicitadas por la Fiscalía del Distrito Nacional contra los principales responsables de la Corporación Delta Intur y empresas vinculadas, por alegadas irregularidades en la citación de los imputados.
Durante la audiencia el tribunal rechazó un incidente planteado por los abogados de los imputados cuestionando la calidad de concejo de defensa de los demandantes y alegando que ese rol solo era facultad del Ministerio Público.
Los doctores Luis Miguel Rivas, Santiago Rodríguez y Laura Acosta, representantes de las familias afectadas, rebatieron el alegato y cuestionaron el intento de los responsables de la quiebra de la Corporación de impedir que los perjudicados ejerzan su propia acción legal en el caso.
Por su parte, Erick Rafael Vásquez recordó que el proceso que se conoce en la Justicia no es un asunto privado de interés exclusivo de las familias perjudicadas, sino del propio Estado Dominicano que convenció a los ciudadanos de que el sistema de valores establecido en el país era un instrumento seguro y adecuadamente fiscalizado para evitar las acciones fraudulentas que se han producido en el caso de Delta Intur.
Advirtió que si el precedente creado por el caso de Delta Intur no es debidamente aclarado y sancionado, se convertirá en el primer gran fracaso del mercado de valores, porque perderá toda credibilidad como un sistema confiable para la inversión.
Sostuvo que la querella de acción penal pública a instancia privada contra los responsables de este desfalco, además de un legítimo acto de defensa de las familias afectadas, debe contribuir a que se establezcan responsabilidades, se revisen los procedimientos que han permitido esta práctica, y que los tribunales y las autoridades actúen para salvar la credibilidad futura del mercado de valores.
La acción legal contra los acusados está a cargo de los abogados Luis Miguel Rivas, Eric Raful Pérez, Santiago Rodríguez, Gustavo Biaggi, Lincoln Hernández Peguero, Hipólito Herrera Vasallo y Laura Acosta Lora.
Familias afectadas por quiebra Delta Intur reclaman recuperación de bienes
