La comunicación que suscribe el doctor Víctor Terrero Encarnación sugiere que el tema aborto sea sacado del Código Penal y pide la creación de una Ley Nacional de Derechos Reproductivos, similarmente a como ocurre en Estados Unidos, Cuba, Canadá y Suiza.
Actualmente el aborto es penalizado por el artículo 317 de Código Penal, que establece penas de seis meses a dos años a toda persona que facilite a una mujer la información o mecanismos para terminar su embarazo y 20 años de trabajos públicos para esa mujer y el personal médico interviniente.
Terrero Encarnación llama a las y los legisladores para que “se pueda despenalizar la suspensión del embarazo en los siguientes casos: a) por correr peligro de vida de la madre/feto -cuestiones de salud física y mental, aborto terapéutico-, b) Por violación sexual, incesto y c) por malformación genética grave del feto -aborto eugenésico-”.
Aboga el director ejecutivo de CONAVIHSIDA que se debe despenalizar el aborto para que el Estado cumpla con su deber de proteger los derechos reproductivos, creando un marco de regulación adecuado que permita su goce y ejercicio.
Y añade: “Invocamos su sentido de misericordia y compasión para quienes desprovistas de lo básico, solo desean vivir en paz ejerciendo sus derechos y cumpliendo sus deberes”.
Cuestiona la actual propuesta de reforma del Código Penal al considerarla en el tema del aborto como una ordenanza punitiva y restricta, convirtiéndola en discriminatoria e injusta, que contraviene garrafalmente la Constitución y demás acuerdos internacionales (los cuales cita uno por uno en su documento).
Dice que el permitir la interrupción del embarazo ha redundado en tasas más bajas de mortalidad materna, y apunta que la disposición no implicará un aumento del número de abortos.
Refiere que el país tiene pendiente como Compromiso del Milenio, el reducir las tasas de mortalidad Materna.
Perspectiva feminista.
El Colectivo Mujer y Salud, estable, a propósito del tema, que los legisladores y legisladoras no pueden seguir ignorando la opinión de sus electores, evidenciada no solo en las encuestas sino también en las elecciones del 2010.
Indican en la actual reforma del Código Penal permite a legisladores y legisladoras enmendar una disposición que el Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas ha declarado la indicada legislación como una forma de tortura y una violación a los derechos humanos de las mujeres.
“Tienen la oportunidad de demostrar sus convicciones democráticas cumpliendo la voluntad de quienes les eligieron y de evidenciar su respeto por los derechos humanos poniendo fin a una política cruel y barbárica que obliga a mujeres y niñas a parir en contra de su voluntad, aún a expensas de su salud y hasta de sus vidas”, dice el Colectivo Mujer y Salud.