La Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD) y la Organización Nacional de Empresas Comerciales (ONEC) reiteran que la aprobación del proyecto de reforma fiscal tal como ha sido planteado por el Gobierno tendrá un impacto negativo para la economía nacional.
Las organizaciones empresariales, hablando por separado rechazaron el proyecto de ley, indicando que la reforma fiscal desataría un proceso inflacionario, que puede conducir a una devaluación de la moneda y se traducirá en más pobreza, desempleo e inequidad social.
La AIRD aseguró que con la aprobación de nuevas cargas impositivas las exportaciones podrían reducir su ritmo de crecimiento y que aunque parezca extraño, las recaudaciones en algunos renglones tenderían a bajar, como por ejemplo las bebidas alcohólicas o los cigarrillos.
Los industriales manifestaron que están de acuerdo con el planteamiento hecho por el Consejo Económico y Social, en el sentido de la constancia de la poca receptividad mostrada para analizar las recomendaciones del CES, y reiteró que el Gobierno puede manejarse de modo eficaz con un monto de RD$410 mil millones de pesos para el gasto público.
En tanto que la ONEC, al reiterar su rechazo al nuevo esquema impositivo propuesto, manifestó su preocupación por la tendencia del consumo en los últimos meses y la desaceleración de la actividad económica, lo que según la organización tendrá un grave efecto en la productividad de las empresas y eventualmente generará un mayor desempleo y a la vez una baja en las recaudaciones del Estado dominicano
Al referirse de manera específica al aumento del ITBIS de un 16% a un 18% y la posible ampliación de la base impositiva gravando con un 10% artículos que hoy están exentos, la ONEC indicó que esto producirá un efecto inflacionario y a la vez provocará que disminuya aún más la capacidad de compra del pueblo dominicano.
«Nos preocupa también que este aumento del ITBIS haga aún más grande la brecha entre los que pagan y los que no pagan y fomente la evasión y la competencia desleal», agregó Antonio Ramos, presidente de la Organización Nacional de Empresas Comerciales.
En tanto, en un documento institucional enviado a este diario por el Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), la organización consideró que para el próximo año el Gobierno debe “apretar su cinturón” y tomar las medidas necesarias para mejorar la disciplina fiscal y eliminar el dispendio, lo que es un requisito indispensable para garantizar la confianza de los actores económicos y de toda la sociedad.
Reiteró asimismo su criterio de que el problema fundamental de la economía son las distorsiones, la informalidad y la evasión, “por lo que consideramos impostergable la concertación de un pacto fiscal integral y de largo alcance que contribuya a mejorar nuestros niveles de competitividad, a la creación de más y mejores empleos formales en el sector privado, para así alcanzar los objetivos establecidos en la END”, dijo la entidad.
Como prioridad no negociable, el Conep sugiere que se establezca un monto de gasto público que incluya el compromiso del 4% para la educación pre-universitaria. Dice que gasto público de 2012 contiene incrementos significativos en partidas que no se han convertido en estructurales. Indica también que el punto de referencia para presupuestar el 2013 no puede ser el 2012. Cree que la situación fiscal amerita un sacrificio importante del sector público en el 2013. No se puede partir de la base de que ninguna partida de gasto se puede reducir.