La revelación la hizo el licenciado Félix Pujols, consultor jurídico del Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (Pro Consumido) durante el conocimiento de medidas cautelares, ante el Tribunal Superior Administrativo, en contra de varias resoluciones que multan a cuatro plantas envasadoras con cien salarios mínimos de RD$5,117.50, equivalente a RD$511,750.00 cada una.
La cifra de los más de dos millones de hogares es de acuerdo a los resultados de inspecciones realizadas y denuncias recibidas en Pro Consumidor por parte de amas de casa.
Las envasadoras fueron multadas tras detectarse un fraude sistemático en el peso y medida en la venta del GLP.
Las plantas envasadoras Galán, Credigas, Asogas y Supligas interpusieron las medidas cautelares ante el Tribunal Superior Administrativo para que suspenda las resoluciones que imponen las multas a pesar de que llevaban años cometiendo el fraude en perjuicio de los consumidores o usuarios de ese combustible.
La jueza Yadira de Moya Kunhard, presidenta del tribunal en funciones, concedió un plazo de cinco días a las partes para que depositen las justificaciones de sus conclusiones.
La entidad defensora de los consumidores estuvo representada por los abogados Joaquín Zapata, Félix Pujols, Reyna Matos, mientras que por el Ministerio de Industria y Comercio, Leniza Hernández, Miguelina Figueroa y José Deschamps, y por la Dirección General de Normas y Sistemas de Calidad (DIGENOR), Hugo Minaya.
De las cuatro medidas cautelares tres fueron discutidas correspondientes a las envasadoras Galán, Supligas y Asogas.
Mientras que la medida cautelar correspondiente a Credigas fue aplazada para el 21 de febrero para cumplir con la citación de la Asociación de Distribuidores de Gas Licuado de Petróleo.
Las cuatro envasadoras de GLP multadas por Pro Consumidor pretenden evadir el pago de las multas mediante la interposición de medida cautelar ante el Tribunal Superior Administrativo.
En las envasadoras multadas con el monto de cien salarios mínimos del Estado, se encontraron alterados los dispensadores de suministro permitiendo menos combustibles del que pagaban los consumidores, por lo que les fueron aplicadas multas administrativas fundamentadas de en la ley 358-05.
Mientras estas plantas rehúsan pagar por las irregularidades cometidas en la venta del GLP, otras que han sido multadas ya hicieron sus pagos.
