La Cámara de Diputados aprobó en segunda lectura el presupuesto de Ingresos y Ley de Gastos Públicos del 2012, con lo que la pieza queda convertida en ley. En una sesión que duró 20 minutos, la pieza fue aprobada con una votación 83 a favor y 57 en contra.

Tal y como sucedió en el Senado, el proyecto fue aprobado sin modificaciones y no se tomaron en cuenta los reclamos que hacían algunos sectores como educación, los ayuntamientos, la UASD y el Poder Judicial.

Tampoco se tomó en cuenta una propuesta introducida por el Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), para que la pieza fuera modificada y se adaptara a los reclamos que hicieron las entidades afectadas con el recorte presupuestario. El presupuesto tiene un monto de 430 mil millones de pesos.

PRD a la Suprema
El PRD reiteró que acudirá ante la Suprema Corte de Justicia (SCJ) o el Tribunal Constitucional para depositar una instancia en contra de la aprobación con mayoría simple del presupuesto 2012.

El vocero de los diputados perredeístas, Rudy González, insistió en que se viola la Constitución por tratarse de una ley orgánica, para lo cual se necesitaría de al menos el voto de las dos terceras partes. En relación a la opinión de algunos sectores que entendían que los perredeístas debieron de abstenerse de votar, para no hacer el quórum de la sesión, González explicó que su participación era imprescindible para poder tener calidad legal para someter el recurso.

Dijo que si los perredeístas no hubiesen participado, entonces, tanto la Suprema Corte o el TC, si este último existiese, le rechazarían el recurso alegando que no tenían calidad jurídica para hacerlo.

“Nosotros, el martes antes del conocimiento de la pieza, sometimos una instancia solicitando a la secretaría que nos dijera cuál es la metodología para la aprobación del proyecto. Le dijimos al presidente de la Cámara que él no es quien va a dirimir esta situación que sería el tribunal correspondiente”, dijo Gónzalez.

Si nosotros nos ausentamos, qué iba a pasar, que no iba a estar planteado el asunto de hecho y los tribunales conocen asuntos de hechos para fundamentarse en un derecho, agregó. Argumentó que si abandonaban el lugar el proyecto sería aprobado con la mayoría calificada de las dos terceras partes.

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