Dom. Dic 5th, 2021

Altagracia Paulino

El Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor, Pro Consumidor, participa de la reunión del Consejo Nacional de Educación, en busca de una salida al conflicto creado por los colegios privados, que en franca violación a la ley 86-00 que regula los colegios privados, pretenden elevar en un 30% las tarifas para este año.

Además de violación a la ley, subir de manera desproporcionada la escolaridad, significa un atentado a los intereses económicos de los dominicanos y se le niega el derecho a la educación.

“La educación como servicio publico es una conquista lograda desde la revolución francesa, donde se eliminó ésta como un privilegio de las elites, para acercarse de esta manera a la aspiración de «igualdad» proclamada en esa revolución.”, precisa la directora Altagracia Paulino.

“El Derecho a la educación tiene un carácter emancipador y darle espacio a la privatización de ese servicio, es retroceder a la etapa  donde solo un grupito de privilegiados podía ir a las escuelas”, precisa la defensora de los consumidores.

Pro  Consumidor entiende que debe aplicarse la ley, que establece que si se eleva más de un 10 % sin justificación el ministerio de Educación puede poner multas desde 10 a 100 mil pesos y la reincidencia pude llevar hasta la eliminación de la licencia a los colegios que se lo hayan ganado.

Pro Consumidor también puede multar a los colegios según la ley 358-05 y declara como un «abuso de confianza» la retención de los documentos.

Igualmente, estima violatorio a le ley, el cobro por adelantado del año escolar, lo cual constituye una cláusula abusiva del contrato de adhesión, prevista en en el artículo 83 de la ley 358-05 de protección a los derechos del Consumidor.

Tanto el servicio de salud como el de educación son servicios públicos que el Estado a través de sus instituciones debe garantizar de la mejor manera posible y eso es lo que hacemos desde Pro Consumidor.

Derecho a la salud

PROCONSUMIDOR participa además como «interviniente voluntario» en la acción de amparo interpuesta por ANDECLIP contra SENASA, la participación se realiza por haber sido solicitada por la Directora del SENASA doctora Altagracia Gustan Marcelino.

El Derecho a la salud es un derecho del consumidor y un derecho fundamental  protegido por la Constitución de la Republica. Los dominicanos no deben permitir que una conquista como los servicios de salud garantizados por el Estado y por la ley de seguridad social, sean monopolizados en perjuicio de los ciudadanos, por eso PROCONSUMIDOR acude a los tribunales a acompañar a los sectores defensores de este Derecho.

Aclaró planteó que el tema del Derecho a la Educación, consagrado en la Constitución de la República, se trata de un asunto de de derechos humanos que dicho sea de paso compete a Pro Consumidor en razón de que su deber es defender los derechos de los consumidores y usuarios consagrado en la Ley General de Protección de los Derechos del Consumidor y Usuario 358-05.

En efecto, el capítulo correspondiente a los Derechos del Consumidor, del artículo 33, literal b, de la Ley 358-05, Pro Consumidor está facultada a defender la Educación para el consumo

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