Compradores y agentes inmobiliarios piden investigar proyectos de Gold Reef en Punta Cana y La Romana

Punta Cana, RD.- Un grupo de compradores, inversionistas y agentes vinculados a proyectos inmobiliarios comercializados bajo la marca Gold Reef solicita la atención de las autoridades y de la opinión pública ante una serie de reclamaciones que, según documentación y testimonios aportados por los afectados, involucran proyectos con entregas vencidas, obras paralizadas, conflictos jurídicos sobre terrenos y presuntos incumplimientos contractuales.

Los reclamos abarcan desarrollos como Gold Reef I y II, Gold Reef City, Gold Reef Terraform I y Gold Reef Terraform II, Gold Reef Playa Nueva Romana y Gold Reef Village, comercializados mediante distintas razones sociales relacionadas con la operación. Los afectados sostienen que, pese a los retrasos y conflictos existentes en varios de estos proyectos, continúan realizándose actividades de promoción y comercialización inmobiliaria.

Uno de los casos que permite dimensionar la situación es el de Madalina-Floriana Papoiu, quien durante 2024 participó como agente comercial de Gold Reef y, simultáneamente, realizó una inversión personal en uno de sus proyectos. De acuerdo con la documentación presentada, Papoiu afirma que posteriormente detectó inconsistencias entre las condiciones bajo las cuales los proyectos habían sido comercializados y la situación que encontró sobre el terreno y en la documentación disponible.

Tras reclamar el cumplimiento de obligaciones comerciales y contractuales, Papoiu asegura haber suspendido sus operaciones de venta y haber informado a compradores a quienes había asistido sobre las irregularidades que había identificado. Actualmente mantiene acciones legales relacionadas con su inversión como compradora y con su relación comercial, además de una reclamación vinculada al uso no autorizado de su imagen e identidad en plataformas digitales asociadas a Gold Reef.

Los afectados señalan que existen además reclamaciones de compradores y otros participantes del negocio inmobiliario con distintos procesos judiciales en curso. En algunos casos, según la documentación suministrada, se alegan obligaciones pendientes, embargos, hipotecas y disputas relacionadas con la titularidad o disponibilidad jurídica de terrenos destinados a determinados desarrollos.

Otro elemento que los denunciantes consideran relevante es la magnitud económica del caso. Una estimación aportada por los afectados sitúa en aproximadamente US$10 millones los recursos que habrían sido recibidos de compradores e inversionistas durante los últimos años. Esta cifra, al igual que cualquier eventual responsabilidad individual o empresarial, deberá ser determinada y contrastada mediante contratos, comprobantes de pago, registros societarios, expedientes judiciales y demás documentación financiera.

La preocupación adquiere una dimensión internacional debido a que numerosos compradores residen fuera de República Dominicana y realizaron sus inversiones a partir de la información comercial recibida sobre proyectos ubicados en uno de los principales destinos turísticos del país.

Las partes denunciantes consideran necesario determinar, entre otros aspectos, qué sociedad responde legalmente por cada proyecto, quién posee los terrenos, cuáles permisos fueron obtenidos, cuál es el estado real de cada desarrollo, cuánto dinero fue recibido de los compradores y cómo fueron administrados esos recursos.

Asimismo, solicitan que se determine si las diferentes reclamaciones constituyen conflictos empresariales independientes o si, por el contrario, existe un patrón común que requiera una investigación más amplia por parte de las autoridades competentes, enfatizando que la presentación pública de estos hechos no pretende sustituir las decisiones de los tribunales ni atribuir responsabilidades penales que aún deban ser determinadas, sino poner en conocimiento de la sociedad una situación respaldada, según afirman, por contratos, comunicaciones, comprobantes, expedientes y otras evidencias que han sido o están siendo presentadas ante las instancias correspondientes.

El caso plantea interrogantes que trascienden a una disputa individual: ¿qué ocurrió con los recursos entregados por los compradores?, ¿cuál es la situación jurídica de los terrenos y proyectos?, ¿por qué existen compromisos de entrega vencidos mientras continúan determinadas actividades comerciales?, y cuántos compradores podrían encontrarse en una situación similar?

Víctimas de esta situación, solicitan que las interrogantes planteadas sean esclarecidas mediante una investigación exhaustiva, oficial y documental. Actualmente, profesionales del derecho civil y penal realizan las gestiones pertinentes ante el Ministerio Público de Higüey, provincia La Altagracia, a fin de determinar la situación real y las problemáticas de fondo que conciernen los proyectos comercializados bajo la marca Gold Reef, esclarecer el destino de los fondos entregados por los inversionistas con el fin de garantizar la protección de los derechos de las víctimas.

Este comunicado constituye el punto de partida de una documentación más amplia que los afectados ponen a disposición de periodistas, autoridades y organismos competentes para la verificación independiente de los hechos aquí señalados.