La deuda histórica con las provincias de Barahona, Bahoruco e Independencia no inicia su proceso de saldo definitivo hasta que el agua almacenada en el embalse llegue a los hogares y a las parcelas.
Esta deuda social se manifiesta con especial crudeza en los asentamientos humanos que fueron desplazados para dar paso a la infraestructura, donde la falta de servicios básicos contradice el discurso oficial de modernidad, en tanto la frustración colectiva crece proporcionalmente al volumen de agua almacenada, pues los beneficios económicos prometidos siguen siendo una ilusión distante para quienes sacrificaron su entorno natural con la esperanza de alcanzar una vida digna y próspera en su propia tierra.
Mi estimado colega y comprovinciano Tomas Aquino Méndez, un activista social y comunitario, como el suscrito, en su columna dominical que publica en un prestigioso medio, informó del «cumpleaños» que organizan las fuerzas vivas de la región Enriquillo, lo que pone de relieve la profunda decepción que actualmente atraviesa el Suroeste. Esta festividad satírica no busca celebrar un logro, sino denunciar que han transcurrido dos años desde que el presidente Luis Abinader prometió iniciar las licitaciones para las obras complementarias indispensables para el funcionamiento real del complejo.
Dos años después de aquel enero del 2024, la esperanza sembrada en los residentes de la subregión Enriquillo parecen sepultadas, o ahogadas en las aguas del embalse debido a que la funcionalidad operativa de esta estructura no cumple su cometido con la construcción del embalse, ni mucho menos garantiza el desarrollo humano esperado, pues la ausencia de canales de riego mantiene improductivas unas setecientas mil tareas de tierra que esperan por el preciado líquido.
Un ciclo histórico de postergaciones
La construcción de este megaproyecto hidráulico constituye una odisea que ha sobrevivido a cuatro administraciones gubernamentales, acumulando retrasos técnicos y financieros que han puesto a prueba la paciencia del pueblo, que desde aquel primer picazo simbólico del presidente Leonel Fernández en el 2010, la obra ha enfrentado crisis de financiamiento internacional y constantes reestructuraciones contractuales que elevaron su presupuesto inicial de forma considerable y sumamente alarmante para el erario.
El futuro de la región Enriquillo depende directamente de que Monte Grande cumpla su función multipropósito, integrando la generación de trece megavatios de energía limpia y el suministro de agua potable garantizado. Solo mediante la integración de estos componentes técnicos se podrá hablar de una verdadera soberanía hídrica que supere el ciclo de pobreza endémica, y migración forzada que ha desangrado históricamente las provincias fronterizas.
A pesar de los vacíos y las frustraciones acumuladas durante décadas de espera, la esperanza se mantiene viva entre los hombres y mujeres que labran la tierra bajo el sol sureño. La conclusión definitiva de estas obras complementarias marcará el inicio de una nueva era de prosperidad, donde el agua del Yaque del Sur deje de ser un motivo de angustia para convertirse en el motor del progreso regional.