El jefe de Estado contestó a una pregunta periodística sobre el fraude denunciado por empresarios, a quienes les usurparon la propiedad de más de 6,3 m2 costeros en Baní, tras una red que falsificaba las acciones de la sociedad Costa Dorada.
Santo Domingo.- “La seguridad jurídica está garantizada en el país”, afirmó la tarde de este lunes el presidente Luis Abinader, al responder a una pregunta periodística sobre el escándalo de fraude denunciado por empresarios, que afecta a más de 6,3 millones de metros cuadrados costeros en Baní.
Asimismo, el jefe del Estado advirtió que el Ministerio Público está muy activo investigando estos casos. “El Ministerio Público, que tiene que tomar nota en cuanto a ese tipo de estafas, ha estado trabajando e incluso tuvo una operación recientemente en ese sentido”, precisó en la rueda de prensa La Semanal.
Abinader anunció que en los próximos días invitará a la prensa a la inauguración de un moderno edificio del Departamento de Investigación de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología de la Policía Nacional (Dicat).
La seguridad jurídica queda demostrada, sostuvo el mandatario, con las inversiones que se realizaron en el país el año pasado de alrededor de US$ 4,100 millones, con expectativas a superar ese récord en 2023. Manifestó que, en todas las partes del mundo, en la era digital, se están dando este tipo de casos. “Y nosotros estamos reaccionando”, proclamó.
Costa Dorada
Las familias Mayol y Serrano, afectadas por un entramado tramposo que se apropió fraudulentamente de las acciones de su compañía Costa Dorada y, con ello de un terreno costero en Baní de más de 6,3 millones de metros cuadrados, ha denunciado a través de sus abogados del tedioso y largo proceso en la justicia, entorpecido por la defensa de los imputados.
La artimaña va en detrimento de familias que han trabajado de manera honrada por décadas. En el caso de los Mayol, desde hace más de un siglo mantienen actividades industriales a través de sus empresas Hilari Mayol, Mayol & Co., Plásticos del Caribe.
En tanto, desde hace 60 años los Serrano desarrollan actividades comerciales con sus empresas Peravia Industrial, conocida como La Famosa y productos Jajá. En el año 1977, ambas familias se asociaron en proporción de 50% para cada parte, en una inversión común, la compañía Costa Dorada.
La red está integrada por abogados, contadores, militares, entre otros. Falsificaron cientos de documentos entre ellos contratos de venta de acciones, actas de asambleas, estados financieros, declaraciones juradas y otros documentos corporativos que alteraron la historia societaria de la compañía Costa Dorada y sobre todo su composición accionaria.
De acuerdo con las denuncias de los abogados, las beneficiarias finales de todo el fraude son la empresa Global Multibusiness Corporation G. MB. C., S.R.L., que, al absorber en la operación de fusión a Costa Dorada, se convertiría en propietaria de su activo.
Según el Certificado de Registro Mercantil, son socios de Global Multibusiness Corporation G. MB. C., S.R.L, el imputado Rafael Olegario Helena Regalado, el coronel Ricardo Elías Soto Subero y sus hijos, el teniente Reynaldo Elías Soto Sánchez, Ricky Soto Sánchez, Rissy Soto Sánchez y Brian Soto Sánchez. Ailec Paloma Soto Garabito también ha figurado como socia deGlobal Multibusiness Corporation G. MB. C., S.
Actuación del Ministerio Público
El jefe de Estado se refiere a la actuación del Ministerio Público y la Policía Nacional, que desarticularon, en coordinación con la Junta Central Electoral (JCE), una amplia red que se dedicaba a la falsificación de documentos públicos, incluyendo actas de nacimiento, cédulas de identidad, títulos universitarios, títulos de propiedad, licencias de conducir y permisos para porte de armas, para venderlos a ciudadanos dominicanos y extranjeros.
La Operación Colibrí, puesta en marcha por el Ministerio Público contra personas que lesionaron el sistema del Registro Civil del país. En las acciones movilizaron a 20 fiscales y más de 200 agentes policiales que realizaron 18 allanamientos en los que se arrestaron a más de una docena de personas, incluyendo a dos empleados de la JCE.