La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) lamentó el anuncio del cierre definitivo de elPeriodico de Guatemala, calificando el hecho de «un retroceso para la democracia» en ese país. La organización denunció la continuación del acoso judicial contra periodistas.

elperiodico de Guatemala fue cerrado

El presidente de la SIP, Michael Greenspon, dijo: «Toda vez que cierra un medio se produce un serio retroceso para la democracia». Greenspon, director global de Licencias e Innovación de Impresión de The New York Times, agregó: «Es tarea esencial de la prensa independiente fiscalizar a los poderes públicos. Por ello, lamentamos profundamente que Guatemala pierda a un medio que ha ejercido su papel esencial por muchos años, debido a la presión legal, judicial y económica a la que estuvo expuesto».

En un anuncio publicado en su portal digital, elPeriódico anunció que dejará de publicarse definitivamente este próximo lunes. El 18 de noviembre dejó de circular en formato impreso, luego del arresto el 29 de julio de su presidente y fundador, José Rubén Zamora, acusado por supuesto lavado de dinero, entre otros delitos. Según el medio, pese a continuar la labor periodística e intentar mantener a los anunciantes y las suscripciones, «la situación es insostenible» y «nos vemos obligados a detener la edición diaria de elPeriódico«, cuya «última edición será publicada el lunes 15 de mayo».

Carlos Jornet, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP y director periodístico del periódico La Voz del Interior, de Argentina, sostuvo: «Creíamos que se podría revertir lo que identificamos en Guatemala como uno de los principales problemas de la libertad de prensa, el acoso judicial. Sin embargo, vemos con consternación que la persecución continúa y aumenta, si consideramos que varios periodistas han salido del país para evitar ser procesados por obstrucción de la justicia, un delito que se les achaca por el solo hecho de escribir, hablar y opinar sobre el proceso en contra de Zamora».

«Nuestro equipo resistió 287 días de persecución, presiones políticas y económicas. Los embates no cesaron. Hasta el momento cuatro abogados han sido detenidos, dos todavía guardan prisión preventiva, seis periodistas y tres columnistas están siendo investigados», mientras que Zamora ha acumulado cuatro casos penales en su contra, explicó elPeriódico.

Una delegación internacional de la SIP visitó Guatemala en diciembre. Luego de visitar a Zamora en la cárcel, presenciar una jornada en tribunales y mantener reuniones con funcionarios del Poder Ejecutivo, del Ministerio Público y representantes de organizaciones de la sociedad civil y de los derechos humanos, la SIP concluyó que «la debilidad en el funcionamiento de las instituciones se expresa en la falta de independencia de los poderes públicos». La SIP reclamó al gobierno el cese del acoso legal y judicial.

La SIP es una organización sin fines de lucro dedicada a la defensa y promoción de las libertades de prensa y de expresión en las Américas. Está compuesta por más de 1.300 publicaciones del hemisferio occidental, y tiene sede en Miami, Florida, Estados Unidos.

 

Grave riesgo para la libertad de prensa en Perú

La SIP advirtió que un proyecto de ley en Perú que aumentará las penas para los delitos de difamación y calumnia es un serio retroceso para la libertad de prensa, el libre ejercicio del periodismo y el derecho del público a la información.

El Congreso podría aprobar la próxima semana el proyecto de ley 2862, conocido como «ley mordaza». Este incrementa las sanciones de cárcel por delitos de difamación y calumnia a cinco años y las multas a entre 90 y 120 días cuando se trate de la utilización indebida de medios de comunicación, redes sociales y sitios web en contra de funcionarios públicos. También impone indemnización económica a favor de la víctima. La semana pasada el Congreso aprobó la iniciativa legal en primera votación.

El proyecto de ley fue criticado por la SIP en su informe sobre Perú, durante la reunión semestral de abril. La organización también pidió archivar el proyecto en cartas enviadas a las autoridades del Congreso sobre iniciativas legales que limitan la expresión libre y el trabajo de la prensa.

Michael Greenspon, presidente de la SIP y director global de Licencias e Innovación de Impresión de The New York Times, dijo que la iniciativa «contradice la jurisprudencia interamericana, la que pide que las demandas en contra de los periodistas sean atendidas en el foro civil, no en el penal».

El presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, Carlos Jornet, director periodístico de La Voz del Interior, de Argentina, expresó preocupación por «el efecto negativo que tendría el aumento de la pena de cárcel en contra del ejercicio del periodismo y la investigación periodística y por sus consecuencias en el derecho del público a la información».

En 2014, ante un pedido de la SIP que envió una delegación internacional a Lima, el entonces presidente de la Corte Suprema de Justicia, Enrique Mendoza Ramírez, exhortó a los jueces a ser más cuidadosos al admitir demandas contra periodistas cuando tuvieran la intención de generar autocensura. Por entonces, la SIP había advertido sobre la «industrialización de las demandas» por parte de funcionarios para evitar que el periodismo siguiera destapando casos de corrupción pública.

Desde hace décadas y a través de su Proyecto Chapultepec, la SIP viene impulsado medidas para descriminalizar los delitos de difamación en contra de periodistas, promovidos por funcionarios públicos en casos de interés público. Entre los países de las Américas que han despenalizado la difamación figuran Argentina, Bermudas, Chile (parcial), El Salvador, Grenada, Honduras, Jamaica, México, Panamá, República Dominicana (parcial) y Uruguay.

En consonancia con la jurisprudencia interamericana, la Declaración de Salta establece en su artículo 3: «Los gobiernos no deben inhibir con regulaciones las expresiones de interés público en el espacio digital, tampoco imponer sanciones agravadas por el hecho que sean manifestadas en dicho espacio. Asimismo, los gobiernos no deben penalizar la crítica, la información o la protesta en contra de los funcionarios públicos sobre asuntos de interés público o contra personas que voluntariamente se exponen al escrutinio de la sociedad».

La SIP es una organización sin fines de lucro dedicada a la defensa y promoción de las libertades de prensa y de expresión en las Américas. Está compuesta por más de 1.300 publicaciones del hemisferio occidental, y tiene sede en Miami, Florida, Estados Unidos.

Por Margarita Brito

Periodista con más de 20 años de experiencia en radio, televisión y prensa escrita. Esposa, madre y abuela. Escribo porque me gusta y porque nada me es ajeno.

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