Santo Domingo.- El juez que instruye la fase preliminar del denominado caso Antipulpo debería decidir mañana lunes si envía a juicio de fondo a los 47 imputados, entre personas físicas y empresas, por uno de los casos de corrupción administrativa más importantes en la historia de República Dominicana, sucedido durante el gobierno del PLD.
La relación directa de los acusados con el partido morado comienza a crear preocupación e inquietud entre sus dirigentes y simpatizantes, que temen que los casos de corrupción que se expongan en el juicio de fondo detonen en la próxima campaña electoral.
Al establecer el momento de constitución de la red de corrupción, el Ministerio Publico estableció que el 16 de agosto de 2012, Danilo Medina asumió la presidencia de la República y varios miembros de su familia pasaron a “multiplicar las influencias en diferentes instancias del Estado”, empezando por la presidencia. En ese contexto, expuso la Fiscalía, utilizando la presidencia y la estructura familiar como escudo, Juan Alexis Medina “organizó un entramado sectario para distraer fondos del patrimonio del Estado”.
El Ministerio Público ya finalizó sus réplicas en el juicio preliminar y cuatro de los acusados fortalecieron la acusación al negociar con los fiscales para reducir sus condenas. Mientras tanto, el Estado ha pedido una restitución e indemnización por RD$ 23,903 millones en concepto reparación por los daños y perjuicios. El representante del Estado en este caso, Jorge López Hilario, solicitó al tribunal que acoja los acuerdos entre los acusados y el Ministerio Público y disponga apertura de juicio de fondo para el resto de la red.
El Ministerio Público llegó a acuerdos con Francisco Pagán, exdirector de la OISOE y hombre clave en el juicio y con Julián Esteban Suriel Suazo, Lewin Ariel Castillo y Domingo Antonio Santiago, quienes se declararon culpables de los cargos y entregaron bienes robados.
“Estos acuerdos, donde los imputados reconocen la calidad de víctima del Estado, contribuyen al fortalecimiento institucional en la República Dominicana y a una efectiva política criminal del Estado dominicano en la lucha contra la corrupción”, asegura López Hilario.
Con este y otros casos, el Estado busca recuperar cerca de RD$ 40,000 millones en los procesos de corrupción administrativa actualmente en la Justicia contra ex funcionarios públicos.
Por los casos Coral y Coral 5G se reclaman RD$ 6,000 millones por la comisión de los ilícitos, mientras que por el caso Medusa el Estado persigue la recuperación de RD$ 9,200 millones, siendo el principal acusado el ex procurador Jean Alain Rodríguez.