Miami.- La Sociedad interamericana de Prensa (SIP) manifestó su preocupación por los alcances de una iniciativa de reforma al Código Penal del estado de Quintana Roo, en México, que podría criminalizar el ejercicio del periodismo hasta con ocho años de cárcel. La organización instó al Congreso estatal a archivar la propuesta, por contravenir preceptos sobre libertad de prensa y porque podría inhibir la labor investigativa de la prensa.
La propuesta, presentada el 14 de septiembre de 2021 por la diputada Iris Mora Vallejo, del Partido de la Revolución Democrática, modifica los artículos 194 Bis y 194 Ter sobre “violación a la intimidad personal o familiar”, delito sancionado en el Código Penal de Quintana Roo desde 2008, con entre seis meses y cuatro años de cárcel, y de 100 a 300 días de multa.
La iniciativa aumenta tres años de prisión a quien “utilice diversos medios, como apoderarse de documentos u objetos con información y reproducirlos; escuchar, observar o grabar una imagen fija o en movimiento” o acceda “a la información contenida en un aparato para el procesamiento de datos o cualquier dispositivo de almacenamiento de la información, sin autorización de su propietario o poseedor legítimo”. El proyecto de reforma agrega el delito de «violación de la intimidad personal o familiar» y la divulgación de información «profesional o confidencial», que conllevaría un castigo de uno a ocho años de cárcel.
El presidente de la SIP, Jorge Canahuati, instó al Congreso a “rechazar la reforma, cuyo texto tiene un alcance negativo para el derecho a la libertad de prensa y de información, ya que se corre el riesgo de inhibir a los periodistas para que publiquen investigaciones sobre funcionarios o personalidades involucradas en asuntos de interés público”.
El presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, Carlos Jornet, expresó que “cuando existen conflictos sobre valores como los del derecho a la privacidad y la libertad de prensa, siempre debe prevalecer el derecho del público a saber y recibir información”. Agregó que “la legislación y las regulaciones deben garantizar la libertad de expresión cuando se trata del trabajo periodístico para exponer temas de interés público. Además, ya existe legislación criminal para penalizar delitos contra la privacidad y la propiedad entre personas, por lo que no se aconseja crear legislaciones especiales”.
Canahuati, presidente del grupo OPSA, de Honduras, y Jornet, director periodístico del diario La Voz del Interior, de Argentina, dijeron que “la criminalización de la actividad periodística es contraria a la jurisprudencia interamericana”.
Recordaron que la Declaración de Chapultepec, creada por la SIP en México, establece: “Ningún medio de comunicación o periodista debe ser sancionado por difundir la verdad o formular críticas o denuncias contra el poder público”. También indicaron que la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos establece: “Las leyes de privacidad no deben inhibir ni restringir la investigación y difusión de información de interés público”. El documento interamericano consigna que “los funcionarios públicos están sujetos a un mayor escrutinio por parte de la sociedad”.
La SIP es una entidad sin fines de lucro dedicada a la defensa y promoción de la libertad de prensa y de expresión en las Américas. Está compuesta por más de 1.300 publicaciones del hemisferio occidental; y tiene sede en Miami, Estados Unidos.