El ex procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, fue enviado a prisión por 18 meses por la jueza del juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, Kenya Romero acusado de presuntos acto de corrupción durante su gestión.
Romero argumentó para dictar la medida preventiva a Alain Rodríguez la existencia de riesgo de sustraerse del proceso, debido al alto perfil de la función institucional que anteriormente este desempeñaba como funcionario público.
Romero sostuvo que, de tales funciones se “desprende posición de mando que pone en riesgo potencial la obstaculización de los medios de prueba”, por lo que los arraigos sociales y patrimoniales ofertados permiten identificar en estado de latente las facilidades para sustraerse del proceso de cara al contexto planteado.
Tras emitirse el fallo , el ex procurador fue trasladado junto a otros imputados, bajo estrictas medidas de seguridad a la cárcel preventiva del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, hasta tanto se ejecute su traslado al Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo-Hombres.
Al ser traslado del tribunal a la cárcel de paso, con chaleco antibala y casco protector, el ex procurador lucia triste y con ojos humedecidos, al caminar cabizbajo, contrario a los demás imputados.
Otros acusados
Junto al ex procurador pernotarán en el recinto carcelario por ese periodo Jonathan Joel Rodríguez Imbert, Alfredo Alexander Solano Augusto y Javier Alejandro Forteza por su vinculación en el entramado de corrupción denominado Medusa.
En el caso de Forteza Ibarra, la jueza alegó que “se desprende riesgo para los medios de prueba vinculados a su expertiz de técnico en el área de tecnologías de la información”. En el caso figura prófugo Rafael Stefano Canó Sacco.
La jueza impuso arresto domiciliario a los imputados Altagracia Guillén Calzado, Jenny Marte Peña y Rafael Antonio Mercedes Marte, por un periodo de 18 meses, a quienes además les colocó impedimento de salida del país sin previa autorización judicial.
El tribunal tomó en cuenta para esta decisión que los imputados no representan un riesgo en la investigación o los medios de prueba, ya que su acceso resulta precario, por lo que es posible que se puedan presentar al proceso sujetos a una medida distinta a la solicitada por el Ministerio Público de prisión preventiva.
Romero impuso al imputado José Miguel Moya el pago de una garantía económica ascendente a la suma de un millón de pesos en la modalidad de contrato, a través de una compañía aseguradora, impedimento de salida y presentación periódica ante el Ministerio Público investigador.