Por María Estela de León

María Estela de León

Indiscutiblemente que en la  República Dominicana se han producido grandes transformaciones institucionales que han fortalecido el Estado de Derecho, pero todavía es necesario aprovechar de mejor manera las oportunidades que ofrecen esas transformaciones para apuntalar un desarrollo humano sostenible, en particular para la infancia y la adolescencia.

Pese a los reconocidos avances, las desigualdades subsisten y en algunos casos aumentan, existen grandes grupos de niños, niñas y adolescentes excluidos de la sociedad sin las condiciones mínimas para una vida digna y el disfrute de sus derechos.

De acuerdo a informaciones ofrecida por Save The Children en su Informe: Construyendo una vida mejor con la niñez, la tasa más alta de homicidios Infantil del mundo se encuentra en la región. Destaca el informe, que América Latina y el Caribe tiene la tasa más alta de partos en adolescentes que cualquier región, fuera de África y subsahariana.  

La República Dominicana al igual que muchos de los países de la región esta conminada a pasar de las palabras a los hechos en materia de protección de los Niños, Niñas y Adolescentes. No es suficiente con tener leyes avanzadas en los papeles y en la aplicación de la misma están tan muertas como las esperanzas de las familias y las sociedades, que esperan el auxilio de los gobiernos a través de las instituciones designadas con tareas específicas para garantizarles sus derechos.

Un Estado es viable cuando los Niños, Niñas y Adolescentes gozan de las protecciones efectivas de los derechos fundamentales consagrados en los dispositivos legales internos y en la aplicación de las políticas internacionales pactadas a través de los compromisos internacionales.

las niñas, niños y adolescentes son sujetos de derechos al igual que los mayores; los primeros con algunas condiciones especiales dentro de régimen legal y social, esto quiere significar que bajo esta premisa se les debe reconocer su participación como actores activos en las sociedades. 

Si estos segmentos de la población están desamparado y carentes de seguridad corporal y alimentaria, educación, y entorno sano que le garantice mínimamente el desarrollo de las capacidades físicas y mentales, entonces podríamos decir sin lugar a dudas, que estamos frente a un Estado fallido.

El País cuenta con un Código del Menor “Ley No.136-2003”, que norma todo lo relacionado con las garantías de los niños, niñas y adolescentes; no es casual que dentro de sus principios rectores este código enuncia quienes son los responsables del cuido  y las preservaciones de los espacios que les garanticen todos  derechos a los infantes: La Familia, El Estado y Sociedad.

Bajo ningunas circunstancias la familia, en primera instancia, representada por los Padres, podrán evadir la responsabilidad de asegurarles a estos infantes el ejercicio y disfrute pleno y efectivo de sus derechos fundamentales, así lo consagra la normativa legal guardiana de los mismos.

De igual manera el Estado en representación de la sociedad dominicana está obligado y no le está permitido declinar bajo ningún argumento, circunstancias o excusas el papel de tomar cuantas medidas “administrativas, legislativas y judiciales” entienda permitentes a fin de garantizarles el disfrute pleno de sus derechos.

El futuro les perteneces a ellos los que habrán de seguir la senda del camino recorrido por los adultos, está en los hombros de las familias, las sociedades y los Estados dejarles a las generaciones futuras la esperanza un mundo mejor.

“La educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo” (Nelson Mandela).

Nota: Las opiniones son responsabilidad del autor ( a)

Por Margarita Brito

Periodista con más de 20 años de experiencia en radio, televisión y prensa escrita. Esposa, madre y abuela. Escribo porque me gusta y porque nada me es ajeno.

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