El Observatorio Nacional para la Protección del Consumidor (ONPECO) estará presente este lunes 16 de abril en el Tribunal Superior Administrativo (TSA) como interviniente voluntario en defensa de la Ley número 87-01 de Seguridad Social y de las resoluciones de la Superintendencia de Salud de la Seguridad Social, de Riesgos Laborales (Sisalril) que buscan ampliar la cobertura de servicios de salud para los usuarios.
ONPECO recordó que las Administradoras de Riesgos de Salud (ARS) se niegan a acatarlas mediante continuas impugnaciones ante el Consejo Nacional de la Seguridad Social (CNSS), abusando así de su representación ante este mismo organismo cuando anteponen las ganancias de sus negocios frente a una necesidad fundamental de la población, como es la salud.
La demanda incoada por la Sisalril contra las ARS privadas busca que se acoja la suspensión del reglamento que establece normas y procedimientos considerados ilegales para apelar ante el CNSS, por lo que durante tres años las administradoras han sometido 83 impugnaciones (recursos jerárquicos) contra resoluciones administrativas de la Superintendencia, como ente regulador, y del Consejo. De ahí la cita e invitación al Tribunal Superior Administrativo este lunes 16 de abril a las 9:00 a.m.
Este Reglamento de Apelaciones del Consejo Nacional de la Seguridad Social (CNSS), número 124-02, de fecha 16 de febrero del año 2015, cuyo artículo 13 otorga a las Administradoras de Riesgo de Salud (ARS) la facultad de suspender de manera inmediata todas las disposiciones emitidas por la Sisalril, y del propio Consejo, que no convengan a sus intereses, solamente con apelarlas, se ha convertido en un instrumento de obstrucción y retroceso, que impide que el Estado pueda cumplir con su rol de garantizar la salud, un derecho fundamental y constitucional.
Este reglamento, ante todo, favorece la posición de las ARS privadas en el Consejo, pese a que estas empresas constituyen la representación de la actividad comercial que realizan como responsables de la contratación y comercialización de los servicios vinculadas a la atención médica y de los demás renglones asociados a estas prestaciones a la población afiliada al Sistema de Seguridad Social.
ONPECO, representado por el jurista David La Hoz, su vicepresidente, decidió intervenir en el litigio, porque uno de los principales objetivos de este Observatorio es la protección de usuarios y consumidores, principalmente cuando se trata de la defensa de derechos que son constitucionales, como es el derecho a la salud.
Estas empresas privadas identificadas como ARS, no conforme con los beneficios que obtienen del negocio con la salud, también se oponen a cualquier iniciativa gubernamental encaminada a garantizar la aplicación de la ley de Seguridad Social.
Añade que «estas empresas se oponen a la suspensión del “innecesario e ilegal” Reglamento de Apelaciones del Consejo Nacional de la Seguridad Social (CNSS) que se ha convertido en un instrumento abusivo contra los afiliados al Régimen Contributivo del Seguro Familiar de Salud», dijo Gavino Hernández, dirigente del Centro Juan Montalvo y hablando a nombre de un grupo de organizaciones de la sociedad civil, el pasado mes de marzo, a propósito de la reapertura de los debates ante la solicitud de medida cautelar interpuesta por la Sisalril ante el Tribunal Superior Administrativo.
Es por ello que el ONPECO invita a ciudadanos y ciudadanas, a las organizaciones sociales y de pacientes, a sumarse a la Sisalril en demanda del cumplimiento de la ley de la Seguridad Social y de sus resoluciones, acudiendo masivamente al Tribunal Superior Administrativo, ubicado en la calle Juan Sánchez Ramírez esquina Socorro Sánchez, Gazcue, este lunes 16 de abril a las 9:00 de la mañana.