El abogado Félix Pérez Pujols, representante legal de María Isabel Solano Montero, quien es empleada de carrera administrativa de Pro Consumidor, a la que habrían rebajado el sueldo, negó que hablará de discriminación en el caso.
«Dicha declaración no está contenida, ni en la instancia de la demanda redactada íntegramente por el remitente, ni tampoco lo dije en las audiencias que se produjeron, por ante el juez presidente del Tribunal Superior Administrativo, en ocasión de una solicitud de medida Cautelar urgente y anticipada».
Asimismo, negó que diera declaraciones a la oficina de Trabajo de Prensa, como estos publicaron y enviaron a las redes sociales.
Félix Pérez Pujols dijo desconocer el origen del enfoque dado a la noticia, ya que en su teoría de caso y defensa técnica, no se ha planteado «discriminación racial en el ambiente laboral», sino aspectos eminentemente en el campo de los derechos laborales inherentes a la servidora de carrera administrativa, María Isabel Solano Montero.
Citó entre esos derechgos: violación a los principios a la seguridad jurídica, buena fe, confianza legítima y el principio de coherencia, que conforman la carrera administrativa, puesto que se ha consumado una degradación con la reducción de su salario, en franca violación a un acuerdo firmado entre las autoridades de Pro Consumidor y la servidora de carrera, en Comisión de Personal por ante el Ministerio de Administración Pública, el pasado 5 de octubre del 2017, y que según el artículo 17 de la Ley de Función Pública núm. 41-08, tiene validez de título ejecutorio.
Aclaró que no se ha sometido una acción de amparo, sino una una solicitud de Medida Cautelar Urgente y Anticipada, con el objetivo de detener la disminución del salario, instancia depositada en fecha 12 de febrero de 2018, «y sostuvimos dos audiencias: la primera en fecha 21 de febrero y la segunda, el pasado 28 de febrero, donde se concluyó y está pendiente de fallo».
Pujols Jerez destacó que los abogados que representaron a Pro Consumidor en la primera audiencia del 21 de febrero, afirmaron al Magistrado presidente del Tribunal Superior Administrativo, que la disminución de salario estaba suspendida y pidieron que se aplazara la audiencia “para depositar documentos”.
Manifestó que advirtió en esa audiencia al Magistrado Rafael Vásquez Goico, juez presidente, que era inminente la reducción de salario para la fecha de pago de la nómina, y que se debería conocer el fondo del caso ese mismo día, para garantizar la tutela judicial efectiva consagrada en el artículo 69 de la Constitución de la República y el peligro en la demora que contiene la naturaleza del caso, puesto que carecería de eficacia y oportunidad tomar una medida posterior a consumarse la disminución salarial.
«Efectivamente, en la audiencia del pasado 28 de febrero, se demostró con pruebas documentales, que se produjo la disminución de salario y, en consecuencia, quedó demostrado, que las autoridades de Pro Consumidor le mintieron al Magistrado presidente del Tribunal Superior Administrativo, Rafael Vásquez Goico», sostuvo.