El Colegio Dominicano de Notarios reveló que entre el 2010 y el 2015, más de 30 miembros de esa institución han sido juzgados por la Suprema Corte de Justicia, y que más del 90% de éstos han sido destituidos y sancionados con suspensiones de dos años a seis meses, así como con multas de 500 pesos.
El doctor Pedro Rodríguez Montero, presidente del gremio profesional, explicó que las sentencias evacuadas por el tribunal de alzada han sido por notarización de contratos de ventas bajo firma privado a nombre de personas fallecidas, falsificación de testamentos y pagarés notariales; firmas no puestas con puños y letras del notario, o falsificación por imitación.
Señalo durante una rueda de prensa en el local de la institución que el colegio de notarios ha colaborado con la suprema, en el marco del proceso de saneamiento profesional, y del rescate de la jurisdiccionalidad y el prestigio de los notarios.
También citó que los notarios han sido condenados por la legalización de firmas de actos de venta sin verificar que los firmantes fueran quienes afirman ser, falsedad de cuestionados actos auténticos, sustracción de bienes mediante la instrumentación de actos irregulares, entre otras faltas en el ejercicio de la función del notariado.
Expresó que el Colegio Dominicano de Notarios continuará cooperando con la Suprema Corte de Justicia como jurisdicción disciplinaria del notariado, y que su Tribunal Disciplinario conoce en estos momentos numerosos casos, cuyos resultados serán conocidos por la opinión pública.
Dijo que de los procesados por la Suprema Corte de Justicia, basado en la Ley número 301 del 18 de junio de 1964 sobre el notariado, a ocho les fueron cancelados sus nombramientos de notarios públicos, 11 fueron suspendidos por dos años, un año y seis meses, 4 fueron multados con 500 pesos, 4 descargados y cinco expedientes fueron archivados por desistimiento de los denunciantes-querellantes. El doctor Rodríguez Montero manifestó que en tres casos hubo extinción de la acción disciplinaria, por el fallecimiento de los imputados.
El presidente del Colegio de Notarios señaló que en sus oficinas centrales recibe con frecuencia denuncias-querellas contra miembros de esa institución, que las remite a su Tribunal Disciplinario, y coopera con la Suprema Corte de Justicia, que juzga conforme la Ley número 301 del 18 de junio de 1964, que creó al Colegio Dominicano de Notarios.
También, la Suprema Corte se ampara en la Constitución de la República, el Código Procesal Penal y otras disposiciones legales.
Las sentencias han sido notificadas por la Suprema Corte a la Procuraduría General de la República, al Colegio de Notarios y publicadas en el Boletín Judicial, donde pueden ser consultadas.
Los notarios sancionados disciplinariamente por irregularidades en el ejercicio de sus funciones residen en el Gran Santo Domingo, y las provincias Independencia, La Altagracia, Baní, San Cristóbal y otras.
Para emitir sus dictámenes, el pleno de la Suprema Corte de Justicia escuchó en audiencia pública a los representantes del Ministerio Público, los denunciantes-querellantes y los imputados, para cumplir con el derecho a la defensa y el debido proceso.
En la rueda de prensa participaron Fabiola Cabrera González, secretaria general; Rhina Asencio, tesorera; Laura Sánchez vice-tesorera; Rodolfo Pérez Mota, asesor; Belkis Reynoso y Domingo Deprat; Albery Bueno, directivos nacional y Tony Rodríguez; fiscal del Colegio de Notarios.