Así lo denunció el agrimensor Víctor Torres, quien dijo que esa situación está provocando preocupación entre los inversionistas, mientras el Estado deja de recibir por concepto de gravámenes más de mil millones de pesos anual.
Añadió que ese es un problema que hay que resolver para que los sectores que desean invertir sus capitales en el área de infraestructuras no retiren sus proyectos por culpa de una burocracia que está provocando daños económicos al país.
Torres afirmó que con la paralización de esos expedientes el gobierno está dejando de recibir cuantiosos recursos económicos por la obtención de certificados de títulos que es la garantía legal y un bien activo.
Agregó que cada adquiriente de un bien inmueble de un proyecto tiene que pagar un 3% de transferencia de bienes del valor tasado, lo que no está aconteciendo, por lo que en vez de maximizase la economía, esta se debilita e impide que esos recursos puedan ser invertidos en obra de bienestar social.
Manifestó que si se agiliza la revisión de los expedientes engavetados en el Departamento de Mensuras Catastrales se daría más confianza al inversionista inmobiliario, a la vez que aumenta el crédito bancario a los fines hipotecarios que es el motor más importante del sector construcción.
Puntualizó que para lograr estos objetivos es necesario actualizar y fortalecer cualitativa y cuantitativamente el señalado departamento, imprimirle nuevas tecnologías organizacional ara que pueda estar en capacidad de ofrecer mejores servicios.
No obstante, Torres, quien es secretario de Relaciones Públicas de la Junta Directiva Nacional del CODIA, aclaró que no habla en nombre del gremio, sino como profesional de la agrimensura preocupado por un problema que, en caso de mantenerse, afectaría grandes inversiones dominicanas y extranjeras en el sector construcción.
Aseguró que la paralización de los indicados expedientes que obstaculiza la certificación y entrega de títulos inmobiliarios se inscribe dentro de los ”cuellos” de botella existente en varias instituciones del estado ,los cuales impiden el crecimiento sectorial de la República Dominicana.
Sostuvo que la realidad es que desde el instante de entrada en vigencia de la ley 108-05 y sus modificaciones, el Tribunal de Jurisdicción Inmobiliaria transformó su accionar trabajando en procura de agilizar los expedientes que a diario recibe.
Esta instancia, agregó, para dinamizar los trabajos logró que los departamentos de registro de títulos, mensuras catastrales y jurisdicción, aunque con reglamentos diferentes, trabajen en unidad institucional lo que provocó una ligera mejoría.
Sin embargo, afirmó que no obstante estos esfuerzos hay una preocupación de quienes incide en el área por la acumulación de expedientes que por el momento al parecer no tiene posibilidades de salida si no se aplica una política agilizadora en el Departamento de Mensuras Catastrales.