Un estudio de la Encuesta Nacional en Hogares realizado en el 2011 indica que más de 3 millones de personas viven en hogares dirigidos por mujeres que no cuentan con apoyo de un cónyuge, según el estudio el 50% de hogares están dirigidos por mujeres solteras, lo que debe llamar a preocupación al Estado, este tiene la responsabilidad de garantizar y velar por la paternidad y maternidad responsable, aun después de la separación y el divorcio. Por cuanto tanto el padre como la madre tienen el deber irrenunciable de alimentar, criar, formar, educar, mantener, dar seguridad y asistir a sus hijos e hijas, conforme dispone la Constitución en el numeral 10 del artículo 55. Destacó José Miguel Fernández, presidente del CODAIT.
De acuerdo a datos del Censo Nacional de Población y Vivienda 2010 en el país existen 2 millones 671 mil 979 hogares, de estos un millón 15 mil 352 están bajo responsabilidad solo de las mujeres, lo que revela una fuerte irresponsabilidad paterna.
El CODAIT reiteró que la familia constituye el núcleo esencial de toda sociedad, habida cuenta que en ella los hijos e hijas desarrollan los valores, siguiendo e imitando los ejemplos de sus padres, por tanto hay que educar en valores, predicando con buenos ejemplos para los hijos e hijas.
Fernández, precisó que a la familia dominicana hay que prestarle mayor atención y apoyo, a través de iniciativas y acciones que contribuyan al sano desarrollo físico y emocional de cada miembro del hogar, valoró de muy positiva la iniciativa del gobierno del Presidente Danilo Medina y del Consejo Nacional de Seguridad social al priorizar la construcción y habilitación de suficientes estancias infantiles, que contribuyen y contribuirán al buen desarrollo físico, emocional e intelectual de los niños y niñas desde el día de su nacimiento hasta los cinco años de edad, la atención a la primera infancia beneficia no solo a la familia, sino también al propio Estado. Dijo que las estancias infantiles se convierten en un aumento salarial indirecto, toda vez que los padres y madres no tendrán la preocupación de tener que disponer de sus ingresos para la educación y atención en materia de salud y alimentación de sus hijos e hijas.
Enfatizó que el Estado social y democrático de derecho será una realidad y no semántica, cuando cada familia y sus miembros tengan acceso a estándares de vida satisfactorios, reciban servicios oportunos y efectivos, se respeten los derechos de todas las personas, sean creada las condiciones y las oportunidades para que cada dominicano pueda recibir una educación integral para toda la vida, que le permita desarrollarse y vivir con dignidad.