En ese mismo sentido el Tribunal Superior Administrativo acogió la demanda en intervención forzosa de la fundación, en contra de del Excelentísimo Señor Presidente Constitucional de la República, Lic. Danilo Medina Sánchez, del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), del Ing. Hipólito Mejía y del Lic. Luís Abinader, a quienes se les reiterara la citación para que puedan disponer de un mayor tiempo para asistir a la audiencia o hacerse representar en la misma.
La FJT condenó que pese a que el Director de Minería, Sr. Alexis Medina, estar debidamente citado, no asistió al requerimiento judicial, que se le hiciera con el objeto de que explicara su decisión de favorecer la explotación minera de Loma Miranda, a pesar de que el pueblo dominicano lo rechaza y los tribunales lo han negado reiteradamente.
Trajano Porentini, hablando a nombre de la Fundación Justicia y Transparencia (FJT) prometió continuar la lucha para que Loma Miranda no sea explotada, y con ello honrar el esfuerzo de tantas personas en La Vega, Monseñor Nouel y en todo el país, sin importar “las ausencias, ni los reenvíos o postergaciones innecesarias provocados por el Director de Minería: estaremos allí tantas veces como sea necesario, hasta que el Tribunal Superior Administrativo dictamine lo que proceda”.
Dijo que se estudian los datos necesarios “para proceder judicialmente contra los individuos y empresas que hayan depredado la zona”, explicando que la preservación de la Cordillera Central es de importancia vital para la República Dominicana. “No se trata de intereses individuales o particulares” –dijo Potentini– “se trata del futuro de todo el país, que cada vez con mayor rapidez ve disminuir la disponibilidad del recurso agua”, agregó
La FJT recordó que para el Tribunal Constitucional dominicano, como también lo hizo el Tribunal de Primera Instancia de La Vega a instancias de grupos locales, ya ha dilucidado el asunto de Loma Miranda y ha decidido que su explotación minera no puede realizarse sin dañar el medio ambiente. Esa decisión, asumida mediante la Sentencia No. TC/0167/13, vincula a todos los poderes del Estado “e impide que un funcionario de menor jerarquía como el Director General de Minería, autorice o diga que autoriza lo que el Tribunal Constitucional ha prohibido, algo verdaderamente insólito en un régimen de Derecho”, dijo Potentini.
Tribunal Superior Administrativo aplaza conocimiento amparo en defensa no explotación Loma Miranda
