AIRD urge a firmar pacto electrico para solución problema energético

La Asociación de Industria de la República Dominicana (AIRD), urgió al gobierno y a los demás agentes del sector eléctrico a no a dar pasos concretos para la firma del Pacto Eléctrico Nacional, en el marco del Consejo Económico y Social, a fin de buscar una solución integral al problema de sostenibilidad del sistema.
Los representantes del sector industrial lamentaron que “decisiones políticas y cortoplacistas e intereses particulares”, hayan impedido que se pongan en práctica las propuestas de soluciones planteadas hasta el momento.
Durante un encuentro con el vicepresidente ejecutivo de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), Rubén Bichara, la AIRD y la Asociación Nacional de Usuarios No Regulados (ANUNR) expusieron la necesidad de establecer un cronograma de actividades a corto, mediano y largo plazo que abarque las áreas de generación, transmisión, distribución y regulación del sector.
Mientras, Bichara hizo énfasis en la necesidad de diversificar la matriz de generación a fin de abaratar los costos de la energía, al considerar que resulta insostenible continuar operando un parque que produce a base de petróleo en casi un 60%.
Las otras acciones que complementa la estrategia de la CDEEE son la reducción de pérdidas y la eficiencia en la gestión, todo lo cual está incluido en lo que el funcionario define como el plan integral.
En su exposición ante los industriales y otros agentes del sector eléctrico Bichara sostuvo que el precio más alto de la energía es pagado por los contratos indexados al componente Fuel Oil, mientras que los más bajos son compartidos por los contratos indexados al gas natural y al carbón.
El ejecutivo de la CDEEE dijo que el país tiene uno de los precios más altos de la región, precio que supera en más de 200% y 360% los de naciones como Argentina y Bolivia, respectivamente.
En ese sentido destacó como una de las alternativas que lleva a cabo el Gobierno para garantizar el suministro de energía eléctrica eficiente por más de 25 años, la construcción de una Central Termoeléctrica con una capacidad de 720 megavatios en la localidad de Punta Catalina, Baní, que generará a partir de la quema limpia de carbón mineral pulverizado.
Dijo que lo ideal hubiera sido que esa generadora operara a base de gas natural, pero que no hay disponibilidad a precio asequible.
Entre otro de los planes para diversificar y hacer más eficiente el mercado eléctrico, Bichara citó la conversión a gas de la Compañía de Electricidad de San Pedro de Macorís (CESPM), de las plantas Quisqueya I y II y de la Sultana. También citó la gestión de proyecto privado a carbón, sobre el cual no ofreció detalles.
Industriales proponen
La AIRD y los usuarios no regulados insisten en que el Pacto Eléctrico es una tarea que debió haberse concretado el año pasado, previo a un acuerdo entre las fuerzas políticas, económicas y sociales, en el ámbito del Consejo Económico y Social (CES). Se queja de que por estar a la espera de ese pacto se ha estado tomando decisiones sin una visión integral para resolver los problemas del sector eléctrico nacional.
“Es tiempo de romper el hielo”, expuso Ligia Bonetti, presidenta de la AIRD”, durante el encuentro con la CDEE y representantes de empresas eléctricas, tras lo cual presentó la propuesta sobre los aspectos que debe incluir el Pacto Eléctrico. Pero antes aclaró que las soluciones planteadas no pueden ser aisladas.
Cuestionó el papel que juega el Estado en el sector, que se ha convertido en el principal actor del negocio eléctrico. “Las empresas eléctricas propiedad exclusiva del Estado en conjunto comercializan el 87% de la demanda, producen el 25% de la energía requerida por la misma y son dueñas del sistema de Transmisión”, destacó Bonetti.
Propuso para el sector de transmisión apoyar el plan de expansión 2013-2020 que presentó la Empresa de Transmisión Eléctrica, y calendarizar las obras de acuerdo con su nivel de retorno.
En lo que respecta a generación manifestó que en el sector empresarial existe el temor de que la inversión que el Gobierno está realizando en la construcción de dos plantas a carbón se convierta en una solución económica que sirva de excusa para la toma de las decisiones políticas indispensables para reducir las pérdidas y castigar el robo eléctrico.
Sugieren que se creen las empresas comercializadoras para que se encarguen de gestionar las pérdidas de un circuito o área de operación.