La decisión de la jueza interina Carolina Castro también incluye a Eddy Morfe ex-director municipal que precedió en el cargo a Canoa. Se basa en una investigación realizada por la Dirección de Prevención de la Corrupción Administrativa (DPCA) iniciada a raíz de una auditoría de la Cámara de Cuentas sobre el uso de los recursos del Distrito Municipal de Cabarete durante período 2004-2010, en la que demuestra el uso irregular de más de RD$112 millones de pesos.
El abogado representante de la Asociación para el Desarrollo de Cabarete (ADECA), consideró que la sentencia de la jueza fue correcta en enviar a Canoa y Morfe a juicio de fondo por el abrumador cúmulo de pruebas en su contra, pero tiene contradicciones legales.
Estas absurdas contradicciones, dijo el doctor David La Hoz, desconocen principios jurídicos elementales de un Estado de Derechos donde el ciudadano tiene derechos fundamentales que los poderes públicos deben garantizar, y la jueza en vez de proteger los derechos de ADECA los desconoce y esto debe ser corregido por el juez de fondo.
Querella penales al granel.
Canoa además es procesado penalmente en la corte de justicia de aquí por violación a la ley de libre acceso a la información pública y enfrenta varios procesos y querellas de carácter penal, por ataque a tiros contra un taxista, por la venta de un solar propiedad del Ministerio de Medio Ambiente, por emitir irregularmente y cobrar cheques hechos a nombre de la vicedirectora municipal de Cabarete Raquel Sierra, por falsificar el libro de actas del Distrito Municipal y por emitir irregularmente y cobrar chetes hechos a nombre de Ivan Francisco de la Cruz.
La acusación firmada por el procurador general Francisco Domínguez Brito fue presentada en febrero de este año, pero el proceso ha sido llevado lentamente, como todos los casos en que Canoa ha sido sometido a los tribunales desde el 2008 cuando fue arrestado por causar graves daños a la Laguna de Cabarete (área protegida) delito en el que fue sorprendido por las autoridades.
La audiencia preliminar por la querella del Procurador General fue reenviada en 4 ocasiones. El 21 de mayo Morfe presentó un certificado médico; el 5 de julio Canoa declaró que no tenía dinero para pagar su abogado a pesar de que antes había presentado una declaración al tribunal con propiedades millonarias para evadir medidas de coerción, el 23 de agosto su abogado alegó que no había sido notificado faltaba regularmente y el 08 de octubre Canoa se declaró interno en la Clínica Brugal.
La voz cantante en la denuncia contra Canoa y Morfe y la corrupción en la Junta Distrital de Cabarete la ha llevado la Asociación para el Desarrollo de Cabarete (ADECA), que sólo ha recibido apoyo público de la Asociación de Hoteles y Turismo de la República Dominicana (ASONAHORES) en dos oportunidades.
La primera auditoria de la Cámara de Cuenta se publicó en el 2005 y ADECA y sus dirigentes han iniciado varios procesos contra Canoa pero sin que estos avancen en los tribunales de Puerto Plata, donde se dice que tiene la protección de altos directivos del Gobierno y de los diferentes partidos políticos. El PLD y el PRSC lo postularon como director municipal de Cabarete a pesar de las denuncias de corrupción y de la auditoría de la Cámara de Cuentas.
Reacción por exclusión de ADECA.
El abogado La Hoz, de ADECA, consideró inaceptable que la jueza interina Carolina Castro “haya excluido a Adeca bajo el alegato de que sólo el Estado Dominicano, y no los ciudadanos de Cabarete, ha sido el defraudado, con un extraño análisis jurídico según el cual la víctima es el Estado y no lo ciudadanos, cuando la ley municipal, entendiendo todo lo contrario autoriza a cualquier residente del municipio a querellarse y actuar en los tribunales contra las autoridades municipales bajo la garantía de la justicia”.
El doctor David La Hoz señala que “lo anterior no es lo peor, y lo que más llama la atención es que la jueza en su sentencia, niega que se haya violado la ley 176-07 sobre ayuntamientos, alegando que sólo se ha violado el Código Penal”
La Hoz señaló que el Juez de fondo tiene la misión de corregir estos entuertos. Agregó que esta postura de la jueza es absurda pues los señores Canoa y Morfe son funcionarios públicos municipales en el Distrito Municipal de Cabarete y es con ocasión de esas funciones que se les imputan cargos”.