Al responder una declaración de prensa de Delta Intur en el sentido de que los bonistas y sus abogados han impedido una salida al “impasse”, el comité que representa a las familias afectadas y su equipo de abogados sostienen que los responsables del manejo doloso de la corporación lo que han presentado hasta ahora son ofertas para hacer negocios dentro del problema, pretendiendo que acepten a cambio de sus inversiones inmuebles sobrevaluados.
Y agregan que “las garantías de inmuebles de las que hacen mención y que según ellos “fueron tasados en RD$ 1,627 millones ” consisten en una propiedad totalmente baldía, ubicada a la altura del kilómetro 24 de la Autopista Duarte y otra en el kilómetro 14 de la carretera Mella, la cual tiene aproximadamente un 20% de desarrollo. Los bonistas ordenaron dos tasaciones independientes, que arrojan un valor para ambas propiedades inferior al 60% de los RD$ 700 millones de bonos en circulación”.
“Más grave aún es el hecho de que Delta Intur no ha pagado el precio de los terrenos del Estado que “de manera fraudulenta dejó en garantía para los bonos emitidos”, indica la declaración suscrita por el vocero del Comité de Bonistas, Erick Rafael Vásquez; y el coordinador del equipo legal, Luis Miguel Rivas.
Afirman que en ningún momento ni los bonistas ni sus abogados han “espantado a inversionistas”, como ha sostenido Delta Intur. “Si alguien ha incurrido en prácticas de espanto es la empresa que ofreció falsas garantías y desapareció más de 800 millones de pesos depositados a través de bonos y papeles comerciales”, señala el Comité de Bonistas.
Recuerdan además que desde junio del 2012, la Corporación ha dejado de pagar a los bonistas unos 7 millones de pesos de interés mensuales, que a la fecha representarían más de 100 millones pesos, más una cantidad muy importante pendiente de precisar que debieron pagar a los tenedores de papeles comerciales.
Destacan que “los bonistas de Delta Intur son en su mayoría personas envejecientes que invirtieron sus ahorros productos del empeño y del trabajo de toda una vida de sacrificios. Creyeron ver la oportunidad de invertir como una forma de seguridad social que, a su vez, tendría retornos positivos; confiados en el sistema de valores del país regulado y fiscalizado por el estado dominicano”.
Dicen retrasan proceso con tácticas dilatorias.
La querella penal contra los responsables de Delta Intur por falsificación en escritura pública, estafa, abuso de confianza, lavado de activos y de violación del Código monetario y de la Ley de Mercados de Valores, fue incoada en noviembre del 2012 a través de la Fiscalía del Distrito Nacional, que a la vez de acogerla solicitó medidas de coerción contra los ejecutivos de la Corporación y de otras empresas vinculadas.
El Comité de los Bonistas y el equipo legal indican que desde entonces se han realizado cuatro audiencias para conocer las medidas de coerción que han sido reenviadas por tecnicismos empleados por los imputados para darle larga al proceso.
Al resaltar la gravedad de la presunta acción delictuosa, afirman que los bonos de Delta Intur fueron colocados en el mercado de valores con la garantía de unos terrenos ilícitos hurtados al Estado, ya que fueron adquiridos de manera fraudulenta en perjuicio de una donación hecha por Consejo Estatal del Azúcar al Instituto Nacional de la Vivienda para la construcción de 5 mil viviendas económicas.
Y apunta que además de tener un origen ilícito y estar sobrevaluados de manera desmedida, la “venta” de los terrenos utilizados como garantías por Delta Intur no fue autorizada o refrendada por el Senado de la República, de acuerdo a una certificación emitida el 11 de julio del 2013