El maestro Mateo Aquino Febrillet y el licenciado Milcíades Mejía, a través de una rueda de prensa realizada en el Consejo Universitario, entregaron un documento a los diferentes medios de comunicación firmado por ambos funcionarios y leído por este último.
Aquino Febrillet dijo que la UASD nunca se ha opuesto a todo lo que sea desarrollo para el país, al tiempo de considerar que deben preservarse las áreas protegidas.
Expresó que según el informe de la Comisión Técnica, contenido en el documento, se detectaron errores técnicos y jurídicos en las disposiciones emitidas en el Acto 7-13 sobre el Parque Nacional Jaragua y Bahía de las Águilas, por lo que desean que el Gobierno los reciba e informó que puede contar con el apoyo de la Universidad.
En el Acto 7-13 el Estado reconoce títulos de propiedades en esa zona, establece un fondo fiduciario y se compromete a garantizar una participación equivalente al 45 % de los beneficios que ingresen a ese patrimonio, por tanto, los técnicos proponen enmendar los errores detectados.
De su lado, el presidente de la ACRD, licenciado Mejía, al leer el documento, expresó que ambas instituciones reafirman su compromiso con el desarrollo nacional independiente, integrador, respetuoso de los recursos naturales y fundamentados en los principios de la democracia representativa y el aprovechamiento racional de los recursos naturales.
“En la sociedad dominicana se verifica una intensificación de las presiones sobre recursos naturales sensibles y finitos como el agua, los suelos y la biodiversidad y sobre el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP), que constituye la garantía estratégica de la supervivencia del pueblo dominicano”, indicó.
Mejía dijo que la UASD y la ACRD entienden que dada la intención del Gobierno de promover el desarrollo de la región Jaragua-Bahoruco-Enriquillo, procede enmendar los errores técnicos basados en una cartografía equívoca que lo convierte como violador de las leyes y mandatos que debe imponer y tutelar. Para ello es preciso excluir las parcelas que se encuentran dentro del área protegida del acto transaccional y evitar que ningún título de origen espurio pueda ser validado en el mismo.
Expresó que entregaron a las autoridades, hace 11 años, una propuesta de desarrollo que pretende el aprovechamiento integral de la diversidad de recursos existentes en esta área y su entorno, respetando las categorías de ordenamiento territorial y garantizando un modelo sostenible de turismo, agropecuaria, agroindustria y urbanización, para mejorar las condiciones de vida, asegurando la conservación ambiental en un esquema de amplia rentabilidad económica y social.
Informó que en un documento entregado a los presidentes Hipólito Mejía, en el 2004, y a Leonel Fernández, en el 2005, se establece con claridad que “las áreas protegidas son perfectamente compatibles con el desarrollo turístico si este se sustenta en la planificación y en la racionalidad”.
Indicó que además se establece que “existen formas, técnicamente compatibles, para un desarrollo turístico que guarde el debido respeto por la integridad del medio ambiente y que pueden generar empleos y progreso para la zona de Bahía de Las Águilas, bajo un proceso riguroso de planificación, en donde el Ministerio de Medio Ambiente debe mantener el liderazgo, por tratarse de un área protegida y tener la responsabilidad de aplicar la Ley Ambiental 64-00. Solamente así se podría garantizar que se tomen las medidas que aseguren la perpetuidad e integridad ecológica del área”.
Deploró que, según el documento, el poder especial 7-13, del 15 de enero del 2013, firmado por el presidente Danilo Medina, incluye una parte significativa de la zona núcleo del Parque Nacional Jaragua, que contiene Bahía de Las Águilas, la casi totalidad de la franja costera y otras áreas sensibles de la zona núcleo.
El licenciado Mejía sostuvo que “este acto reconoce parcelas que son parte integral del área protegida como propiedad de particulares”, a pesar del demostrado origen ilegal de los títulos.
Dijo que da la impresión de que por una imprecisión técnica de los cartógrafos de los ministerios de Turismo y de Medio Ambiente, así como de la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo, no se dieron cuenta de que la inmensa mayoría de las parcelas citadas en el Acto Transaccional “mediante el cual el Estado reconoce los títulos, establece un fondo fiduciario y se compromete a garantizar una participación equivalente al 45% de los beneficios que ingresen al patrimonio”, se encuentran en el área núcleo del Parque Nacional Jaragua.
En la conferencia de prensa las academias ratificaron el compromiso con el desarrollo integral, justo y sostenible de la región Sur y de la República Dominicana, al tiempo de ofrecer a la sociedad y sus instituciones la colaboración desinteresada.
Milcíades Mejía y Mateo Aquino Febrillet, rector UASD y Pte. Academía de Ciencias respectivamente.