NEIBA.- El diputado Rafael Méndez llamó a todos los ejecutivos de las empresas instaladas en la zona fronteriza a unirse a la lucha que libran los residentes en esta ciudad y los demás pueblos del lago Enriquillo, dirigida a evitar el cierre de la Industria Licorera La Altagracia (ILLA), que opera en Galván, al amparo de la Ley de Incentivo Fronterizo (28-01).
El legislador oficialista hizo el llamado al agotar un turno en la vigilia realizada este sábado, por cientos de personas de los diferentes sectores, en el Parque Central de esta ciudad, donde pidieron al gobierno que impida el cierre de la referida empresa, ya que sería un duro golpe para la economía de Galván y el resto de los pueblos de esta provincia, y criticaron duramente a quienes están detrás de esto.
«Esto que hoy nos pasa a nosotros mañana puede ocurrirle a ustedes, señores empresarios, por lo que le solicitamos unirse a nuestra lucha para evitar que 127 personas que laboran en la empresa ILLA queden sin trabajo, si esta es cerrada», expresó Méndez.
Dijo que está es la única industria que está funcionando en la región del lago Enriquillo, por lo que plantear su cierre, es un atentado al desarrollo de esta zona. «Ya nos tienen de frente todos los que están detrás de esta dañina acción».
Los residentes en esta ciudad y Galván se lanzaron a esta lucha luego de la demanda incoada por la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD), a través de una acción cautelar, para que se disponga el cierre de la referida licorera y de otras empresas establecidas en la zona fronteriza al amparo de la ley 28-01.
La AIRD interpuso un recurso contencioso administrativo solicitando la suspensión de los permisos de operación de las industrias fronterizas alegando que se vulneran los derechos de sus asociados porque supuestamente se crea una distorsión en el mercado nacional.
En el desarrollo de la vigilia hablaron dirigentes comunitarios, quienes prometieron luchar para frenar tan macabra intenciones que de materializarse dejaría sin trabajo a 127 personas, en un 50 por ciento mujeres, todos cabezas de hogar, de las cuales dependen unas 635 personas, y que además, dejaría malparada la estrecha economía de la zona.