Explicó que la oficina de abogados que preside fue apoderada del caso hace más de 15 años por los herederos de Daniel Reynoso, quienes lograron ganancia de causa mediante sentencias definitivas dictadas por la Suprema Corte de Justicia y por el Tribunal Constitucional.
Precisó que la última decisión sobre la litis fue adoptada por el Tribunal Constitucional que declaró inadmisible la instancia depositada por los abogados del Grupo Bocel.
“Quienes hoy se hacen llamar propietarios de la empresa deben hacer una rendición de cuentas y repartir beneficios desde el año 1979 hasta la fecha. De no hacerlo, esto tiene serias implicaciones penales, comerciales y civiles”, apunta el licenciado Pedro Domínguez en un comunicado de prensa.
Ofrece versión sobre el caso Lama.
Sobre el caso del empresario Carlos Lama, quien enfrenta una demanda del Grupo Bocel por alegada violación de la ley de cheques, el jurista dijo que se han dicho muchas mentiras a través de los medios de comunicación, incluyendo el monto sobre la cantidad de dinero envuelta en el litigio.
Señaló que la suma total envuelta en los cheques reclamados es de 526 mil 595 dólares, alrededor de 20 millones de pesos de acuerdo al cálculo de la actual tasa de cambio de la moneda norteamericana, y no cuatro mil millones de pesos (RD4,000,000,000), como afirma el Grupo Bocel.
Sostuvo que la demanda contra Lama es un asunto eminentemente civil donde el Ministerio Público no es parte del proceso, por lo tanto no ha participado en las audiencias y no tiene ningún interés en el caso.
Indicó que en fecha 25 del mes de septiembre de 2012, la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santiago, levantó el estado de rebeldía al imputado Carlos Lama Seliman, rechazó la solicitud de la parte querellante con relación a la inconstitucionalidad de la parte in fine del artículo 226 del Código Procesal Penal, por falta de fundamentos, y rechazó la solicitud de prisión preventiva contra del empresario.
Y agregó que tribunal también aplicó al imputado una garantía económica por 75 millones de pesos en efectivo; la obligación de presentarse todos los viernes de cada mes por ante la Procuraduría General de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santiago; y un impedimento de salida del país. Explicó que si en esa ocasión el señor Carlos Lama hubiese pagado la fianza impuesta, habría quedado en libertad de inmediato.
Explicó Domínguez Brito que la Resolución número 061/2012, dictada el 17 de diciembre del 2012 por la Cuarta Sala de la Cámara Penal del Distrito Judicial de Santiago, que varió el monto y la modalidad de la medida de coerción por una garantía económica de veinte millones de pesos a través de una compañía de seguro, fue una medida correcta, ya que se trata de una acusación de carácter económico y la suma envuelta en la litis es de unos 20 millones de pesos.
Al responder a los cuestionamientos que ha hecho la parte contraria al bufete de abogados que presidente, dijo lo siguiente: “la Oficina Domínguez Brito & Asociados fue fundada por el Licenciado Pedro Domínguez Brito, quien tiene más de 25 años de ejercicio profesional. Son sus socios los abogados Robert Martínez y Elda Báez Sabatino. Cuenta con 20 abogados en su firma y desde hace varios años representa a muchas empresas importantes del país”.