Dom. Oct 24th, 2021
Menoscal Reynoso y José Miguel Fernández, directivos CODAIT

Menoscal Reynoso y José Miguel Fernández, directivos CODAIT
Menoscal Reynoso y José Miguel Fernández, directivos CODAIT
Santo Domingo.- El Consejo de Acceso a la Información por la Transparencia (CODAIT) calificó de peligrosa y terrible la pretensión de tipificar como delito penal las opiniones y expresiones de los comunicadores, y exhortó a los legisladores a eliminar ese adefesio jurídico y establecer solo penas pecuniarias en los caso de comprobada difamación e injuria.
De aprobarse lo establecido en los artículos 191 y 193 del proyecto de modificación al Código Penal el Congreso dominicano se sentaría un nefasto precedente, y se incentivaría la opacidad y la corrupción, toda vez que coartarían la investigación periodística, por vía de consecuencia también el derecho de la población a saber cómo y en que se utilizan los fondos públicos.
El artículo 22 de la Constitución en su numeral 5 faculta a los ciudadanos a denunciar las faltas cometidas por los funcionarios públicos en el desempeño de su cargo, en tanto que el Artículo 49 consagra como un derecho fundamental la Libertad de expresión e información.
Además dispone que toda persona tiene derecho a expresar libremente sus pensamientos, ideas y opiniones, por cualquier medio, sin que pueda establecerse censura previa, de igual manera toda persona tiene derecho a la réplica y rectificación cuando se sienta lesionada por informaciones difundidas, por consiguiente estamos frente a un atentado contra la Constitución y la garantía del estado de derecho.
El CODAIT llamó al Congreso a cumplir su rol de servir de contrapeso para fortalecer tanto el estado derecho social y democrático, como las instituciones y el sistema de transparencia. La entidad recordó que el artículo 75 de la Constitución en el numeral 12 estatuye como un deber fundamental velar por el fortalecimiento y la calidad de la democracia, el respeto del patrimonio público y el ejercicio transparente de la función pública.
Establecer la autocensura a periodistas y comunicadores sería un vil crimen contra el derecho de la sociedad a conocer los resultados de las investigaciones. El CODAIT se pregunta cuál es el fin real de esa mordaza; y si la intención es cohibir a periodistas para que no investiguen irregularidades de funcionarios públicos por temor a ser encarcelados.
Considera que los funcionarios públicos deben estar abiertos al escrutinio de la sociedad, y que si actúan correctamente no tienen por qué ampararse en normas contraproducente como las planteadas en los referidos artículos del código penal.
La nota del CODAIT es firmada por José Miguel Fernández, Presidente del CODAIT y Menoscal Reynoso Vicepresidente Ejecutivo.

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