El Centro Dominicano de Fortalecimiento y Estudio de la Seguridad Social (CDFESS), llamó la atención del Presidente Danilo Medina, a fin de que no apoye las pretensiones de sectores que plantean gravar los productos de la canasta básica, habida cuenta que con medidas de esa naturaleza disminuirían el poder adquisitivo de las familias pobres y de menores ingresos, de igual modo reducirían la escasa calidad de vida de la población vulnerable, por consiguiente aumentaría la pobreza y las desigualdades sociales.
El CDFESS exhortó a las autoridades a no ser complacientes con políticas neoliberales, cuyos resultados siempre son perjudiciales para la gente de a pie, que no tiene capacidad de tributar y pagar más por lo mismo que consumen, además de afectar el precario presupuesto de los hogares pobres y de la clase media, es contraproducente, toda vez que obligaría a dejar de consumir, por vía de consecuencia las empresas y los negocios facturarán menos (menos impuesto de sociedades), irá más gente al sector informal y aumentará el desempleo.
José Miguel Fernández, presidente de la entidad, reconoció que el presente gobierno heredó una difícil situación presupuestaria, que si bien es cierto que requiere de canalizar fuentes para superarla, no es menos cierto que debe ser acompañada de una efectiva reorientación del gasto público, orientándolo a la inversión social y a las aéreas prioritarias del país. La reorientación del gasto hacia los sectores sociales y de Infraestructura debe profundizarse, concentrarse en los que puedan tener mayores efectos en el desarrollo humano con equidad y crecimiento.
Abogó por un pacto fiscal que consolide la institucionalidad democrática y genere las reformas que requiere la República Dominicana para superar la impunidad, el uso irracional de los recursos del Estado, la duplicidad de funciones y la distracción de esfuerzos por parte de entidades y órganos del gobierno dispersos. En este proceso democrático incluyente, deben participar activamente el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo y el Judicial, así como las autoridades correspondientes a órganos descentralizados y la sociedad civil (empresarios, trabajadores, iglesias, organizaciones sin fines de lucro) y los partidos políticos.
Destacó la necesidad de aplicar políticas que mejoren la eficacia, eficiencia y calidad del gasto público, generando cambios en la cultura de la administración pública, de modo pues que sea dirigida hacia una gestión orientada a resultados y prioridades.