Santiago.- El durante el Encuentro Cívico por la Seguridad Ciudadana que encabezó el presidente Leonel Fernández en esta ciudad de Santiago.criticó la facilidad con que los delincuentes logran fianzas y sentencias, lo que atribuyó a que “tal y como lo percibe la población” se necesita una relación más armoniosa entre el Ministerio Público, la Policía Nacional y la Justicia, durante el Encuentro Cívico por la Seguridad Ciudadana que encabezó en la ciudad de Santiago.
“No estamos aquí para criticar ningún poder independiente del Estado, esa no es nuestra tarea y no tenemos la intención de hacerlo, pero sin duda alguna que no se me escapa a mí como ciudadano, y no se les escapa a ustedes tampoco la facilidad con que alguna gente obtiene fianzas de puesta en libertad, a pesar de cometer crímenes de sangre que representan una amenaza”, expresó.
Fernández destacó que en el año 2010, la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) realizó 26 mil operativos durante los cuales detuvo a unas 23 mil personas, pero dijo que cuando se pasa revista a las estadísticas, la cantidad de esas personas que fueron sometidas, sancionadas o que han recibido sentencias son mínimas.
“Esa es una muestra de que la percepción que tiene la ciudadanía de que no hay una relación clara de trabajo entre la Policía Nacional, Ministerio Público y Justicia, se está dando”, sostuvo.
Dijo que no logra entender por qué si hay representantes del Ministerio Público trabajando, sustanciando los expedientes, luego se dice que éstos son desestimados por falta de evidencias.
“Eso no se entiende y exigimos una aclaración de qué es lo que está ocurriendo”, agregó.
Prohibir uso de celulares en cárceles
Durante la reunión el jefe del Estado adoptó una serie de medidas que incluye la prohibición del uso de celulares en las cárceles, la intensificación de la seguridad ciudadana, la reforma a la Ley 50- 88 sobre Drogas y el nombramiento de una comisión de seguimiento a los trabajos, la cual será dirigida por él y monseñor Agripino Núñez Collado.
El mandatario sostuvo que con los presos por narcotráfico se da algo especial y es que mediante el uso de celulares ordenan nuevos crímenes desde las cárceles, “pido desde hoy que se prohíba el uso de teléfonos celulares en las cárceles dominicanas”.
Anunció que entre otras medidas que adoptará el gobierno figuran la adquisión con Israel de un radar y señaló que se necesita otro para ser colocado en la frontera, a fin de vigilar los límites con Haití.
Reforma al Código Procesal Penal
La reforma al Código Procesal Penal se convirtió en un clamor, entre los exponentes durante el Encuentro Cívico por la Seguridad Ciudadana, efectuado en la Pontifi cia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM) de Santiago.
Empresarios, juntas de vecinos, organizaciones de mujeres, ONGs y munícipes, coincidieron en que con la modifi cación a esa ley y el reforzamiento de medidas de seguridad, Santiago y el país podrían recobrar parte del terreno perdido en materia de seguridad ciudadana.
Quienes hicieron uso de la palabra también plantearon la necesidad de fortalecer otras legislaciones como la Ley 50-88 sobre Drogas e implementar medidas para evitar que los policías y militares se involucren con los delincuentes, criminales y narcotrafi cantes.
Como respuesta a esos clamores hechos por Susy Pola, en representación de las organizaciones de mujeres; Gricely Martínez, de las juntas de vecinos, Juan Ramírez de la Fundación Vanesa y el Voluntariado de la Ciudad de Santiago; Félix García, en representación de los empresarios y el abogado Ramón Antonio Veras, el presidente Fernández anunció que ha ordenado enviar al Congreso Nacional un proyecto de modificación de la Ley 50-88, porque en la actualidad la misma no cuenta con las disposiciones para enfrentar el consumo y microtráfico en el país.
El jefe del Estado dijo que en la década de los ochenta cuando se creó la Ley 50-88 el país sólo era utilizado como puente, pero que ahora parte de la droga que va hacia otros países se queda en la República Dominicana, por lo que es necesaria una modificación a esa legislación.