La organización internacional Oxfam, que trabaja por la erradicación de la pobreza y las injusticias a nivel mundial, anunció el lanzamiento de la campaña “Crece” en el país, y presenta el Informe Diagnostico Sobre Alimentación titulado “Cultivar un Futuro Mejor”, en el cual se presentan datos sobre la alimentación mundial, y sobre la alimentación en República Dominicana en particular.
DATOS DE REPÚBLICA DOMINICANA.
En 2030 la población dominicana ascenderá a 12 millones de personas, alrededor de 24% superior a los 9.7 millones existentes en 2010. En la actualidad La pobreza, es uno de los problemas más acentuados en la sociedad dominicana actual en un contexto de crecimiento sostenido, aun en tiempos de crisis. En la actualidad el 42,2% de la población dominicana es pobre y el 7,5% de la población está en pobreza extrema o indigencia. Sobresale el mayor porcentaje pobreza rural frente a los niveles urbanos, pues el 55,6% está en pobreza y el 13,7% en pobreza extrema. Los últimos cálculos del Banco Central dan cuenta de que el costo de la canasta básica es de 19,000.00 $RD (508.00 usd) lo que representa el 8,000.00% de los ingresos de una familia promedio.
Tomado en cuenta la población dominicana, el flujo de turistas y el incremento de la inmigración haitiana, el país debe alimentar un promedio de 14 millones de personas pero su sa potencialidad para mejorar las condiciones de la seguridad alimentaria y del sector agropecuario nacional se ha visto limitada en los últimos años por eventos internos y externos como el alza excesiva en el precio de los alimentos, los efectos climáticos adversos y el impacto negativo de la crisis financiera global, entre otros. Como consecuencia de ello la RD se ha visto en la necesidad de importar productos en los cuales antes fuimos autosuficientes e importar productos que antes exportábamos.
Las recetas económicas, enmarcadas en una opción basada en los servicios y no en la producción, aplicadas por los últimos gobiernos han tenido un efecto directo en la población de más bajos ingresos, limitándola en su capacidad de acceso a la canasta alimentaria básica.
La política agropecuaria estatal en la actualidad está subordinada a la política fiscal, económica y financiera basada en un modelo excluyente que se mantiene inalterable en la propuesta gubernamental de Estrategia Nacional de Desarrollo 2010-2030 actualmente en discusión. El proyecto parte del supuesto de que puede haber desarrollo económico desarticulando la producción destinada al consumo local, favorece a los sectores agroexportadores, en procura de insertar la economía del país en los mercados internacionales y se enfoca en el crecimiento económico sostenido en sectores actualmente cuestionados en términos de su capacidad para generar empleo decente, como es el caso del turismo y zonas francas. A raíz de esto, las legislaciones, políticas, programas y prácticas gubernamentales son deficientes, marginan el sector al no dotarlo de inversiones apropiadas y lo mantienen rezagado en el proceso de reforma y modernización.
La situación desventajosa del sector agropecuario se complica aun mas al verificarse fallas sistémicas al momento del Ministerio de Agricultura adecuar sus marcos normativos de acuerdo a los planes generales de desarrollo.En la actualidad el 81% de los agricultores/as medianos y pequeños posee apenas el 22% de la tierra, con fincas menores o iguales a 6 hectáreas compartida entre producción para el comercio y alimentos para el autoconsumo. Se estima que tres de cada cinco, trabajan como obreros agrícolas en parcelas que no son propias. Una alta proporción de tierra ocupada sin títulos legales de propiedad, tiene efectos negativos sobre la productividad y en otros bienes, incluyendo el acceso a crédito. Además, se ha creado el imaginario de que los/as pequeños/as y medianos/as productores y productoras como los principales destructores del medio ambiente por lo que productores y productoras de alimentos no están visibilizados/as como actores esenciales. No se cuestiona la transformación del actual modelo productivo ni los impactos que sus acciones puedan tener en la gestión de riesgo, el cambio climático, entre otros.
1.4 El contexto de la población rural en un país cambiante.
La población rural dominicana en 2002 era de 36.39% y su situación de pobreza y precariedad era mucho mayor que el promedio nacional en un 70.55% (55.6%); al segregar los niveles de indigencia podemos observar que la zona rural supera la media nacional en un 204.44% (4.5% Vs. 13.7. Ya en 2008, los niveles de precariedad en las que vive la población de montaña son peores que el de la media de población rural dominicana. El 67% de esta población es pobre y el 21% es indigente. Se puede, sin duda, afirmar que la zona montañosa de frontera con Haití representa el área rural más necesitada, con el más alto número de pequeños/as productores/as de escaso recursos y con niveles de producción y organización muy mínimo.
En el aspecto social, los servicios básicos son de mala calidad o no existen, el servicio de agua potable es limitado, existe déficit de 60% en los servicios de energía eléctrica y son escasos los niveles de servicios de salud. En todas las comunidades existen servicios de educación básica, sin embargo la calidad de la misma es muy deficiente y en las comunidades más lejanas, este servicio solo llega hasta el tercer o quinto grado, por lo cual la población joven se ve obligada a migrar hacia los lugares donde hay escuelas con niveles más altos.
La agricultura, aunque no participa tanto como los demás sectores, se caracteriza positivamente por mantener crecimiento sostenido, situándose en 2010 entre los tres renglones en mayor crecimiento con relación al PIB con un 9.6 junto a la construcción (19.4%) y el comercio (15.7%). Su participación ha comportado un proceso de caída y recuperación en los últimos 30 años. Al finalizar la década de los ‘90 su contribución fue de un 12%, en 2006 bajó a 9.6% y en 2008 tuvo una caída y se situó en un 7%, En el 2009 sus aportes se incrementaron por encima del 14%, y en el primer semestre de este año permitieron un crecimiento de 11% en las exportaciones, según el Banco Central.
De los datos ofrecidos es evidente que hace décadas el motor de la economía dominicana salió del campo para colocarse en las zonas del servicio turístico y las importaciones. Pero por su sostenido crecimiento en el PIB, la producción de alimentos se mantiene como un trascendente sector y con mucho potencial, no sólo por el número de empleos que aún genera (aunque cada vez menor), sino porque es fuente de ingresos de gran parte de la población más pobre del país y la fuente de garantía de la seguridad y soberanía alimentaria. En el banco de datos del IAD ya se registran 118 mil 17 parceleros asentados, en un área superior a los 10 millones 325 mil 564 tareas. Dentro de estos asentamientos se cultiva más del 50% de la producción alimenticia nacional. En el 2008, para poner un ejemplo, las parcelas de la reforma agraria entregaron al consumo local y a la exportación 7 millones 265 mil 940 quintales de arroz, ají, auyama, tomate, yautía, guandul, guineo, habichuelas, maíz, papa, plátano, cebolla, berenjena y otros alimentos de primera importancia.
Además, el sector sigue siendo de gran importancia ecológica y económica al país por los valiosos servicios ambientales con potencial económico. Pueden mencionarse, por ejemplo, la captura de carbono, la regulación del ciclo hídrico, la oferta de agua y la generación de energía que garantizan la sostenibilidad del bosque cacaotalero y cafetalero, entre otros. El medio rural, además, provee servicios turísticos y sus emigrados generan un significativo monto de remesas.
A pesar de su potencial e importancia, hay que destacar que entre las causas de la caída en el ritmo de crecimiento del sector agrícola se debe, en primer lugar, a restricciones estructurales consecuencia del cambio de modelo económico (bajo nivel en la inversión agropecuaria nacional e importación de alimentos) y, en segundo lugar, a su vulnerabilidad a los fenómenos atmosféricos (asociados a los efectos del cambio climático) incrementados en los últimos años. El estancamiento o deterioro del sector afecta de manera más aguda a las provincias con mayores niveles de pobreza, donde la agricultura es la actividad principal. A todo esto se suma que el sector agropecuario recibe un escaso apoyo en términos de inversión del gobierno y crédito bancario por el riesgo estructural que supone la vulnerabilidad del sector.
Cada vez hay menos capacidad en pequeños y medianos productores para producir la tierra debido especialmente a un acelerado proceso de reconcentración de la tierra como consecuencia directa de la falta de políticas y apoyo del Estado para fomentar la economía campesina y la dotación de los servicios esenciales en la zona rural. En la actualidad el 81% de los agricultores poseen apenas el 22% de la tierra con fincas menores o iguales a 6 hectáreas compartida entre producción para el comercio y alimentos para el autoconsumo.
Los inmigrantes haitianos/as representan fuerza de trabajo siendo empleado por más de un 60% en las labores agropecuarias; Sin ellos la producción agrícola seria mucho menor y el campesino pobre sobrevive por el haitiano indigente.
