Santo Domingo, RD.- El Colegio Dominicano de Notarios (CODENOT) y la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) firmaron un acuerdo que permitirá a las instituciones del Estado verificar en tiempo real el estatus de los notarios que intervienen en procesos de contratación, fortaleciendo la transparencia y la seguridad jurídica en las licitaciones públicas.
El convenio, suscrito por Carlos Ernesto Pimentel Florenzán y Jhon Richard Paniagua Feliz, introduce un mecanismo de validación digital que impedirá la participación de notarios no habilitados —ya sea por suspensión, inhabilitación o cualquier otra condición legal— en procesos oficiales.
La medida impacta directamente el Sistema Nacional de Compras y Contrataciones, que gestiona alrededor del 32 % del presupuesto nacional, con más de 120,000 proveedores, unas 670 unidades de compra y un volumen superior a los RD$450,000 millones, consolidando al notariado como un actor clave en la garantía de la legalidad.
“Por primera vez tendremos acceso en tiempo real a la base de datos del Colegio de Notarios, lo que permitirá cerrar espacios a irregularidades en los procesos públicos”, afirmó Carlos Ernesto Pimentel Florenzán.
Por su parte, Jhon Richard Paniagua Feliz destacó que el acuerdo representa un cambio estructural en la relación entre el notariado y el Estado, orientado a fortalecer la confianza y la integridad institucional.
El acuerdo también contempla la estandarización de los actos notariales en licitaciones, especialmente en la apertura de ofertas, con el objetivo de reducir la discrecionalidad y garantizar mayor consistencia en los expedientes administrativos.
Asimismo, se prevé la implementación de la firma digital notarial a partir de 2026, lo que permitirá avanzar hacia la digitalización total de los procesos y asegurar la trazabilidad de cada documento.
Como parte de su ejecución, ambas instituciones establecerán una Mesa Técnico-Legal encargada de desarrollar normativas, protocolos y programas de capacitación para los actores involucrados en el sistema de contrataciones públicas.
Con una vigencia inicial de dos años, esta alianza fortalece la institucionalidad y posiciona a la República Dominicana en la ruta de un sistema de compras públicas más transparente, eficiente y confiable.