Por Antonio José Gómez Peña
En los pasillos de las altas finanzas globales, donde suelo moverme como promotor de inversiones, existe una variable que pesa tanto como el PIB: la seguridad jurídica. Durante décadas, República Dominicana cargó con el lastre de la incertidumbre institucional, un «impuesto invisible» que frenaba nuestro verdadero potencial. Sin embargo, hoy los mercados perciben un cambio de frecuencia. Lo que antes era retórica de campaña, bajo la administración del presidente Luis Abinader, se ha convertido en hechos tangibles. Estableciendo así una nueva marca país: La ética como rentabilidad.
La reciente desvinculación y sometimiento a investigación de funcionarios de la actual gestión —incluso aquellos ligados a los orígenes del proyecto político gobernante, evidenciado en los hechos actuales— envía una señal poderosa y disruptiva. No es solo un acto de justicia; se convierte en un poderoso mensaje de mercado.
Al presidente Abinader no le ha temblado el pulso. Su accionar valida en la práctica aquella sentencia que lanzó al inicio de su mandato ante su Consejo de Gobierno, y que muchos creyeron sería una frase más para la hemeroteca: «Yo tengo muchos amigos, pero no cómplices».
Para entender la magnitud de este giro, es necesario mirar por el retrovisor con honestidad, sin pasiones partidarias. Durante los gobiernos anteriores, la corrupción administrativa era a menudo un secreto vox populi. Sin embargo, la maquinaria estatal parecía diseñada para el blindaje, no para la rendición de cuentas. A pesar de las evidencias periodísticas y el clamor social, las detenciones o destituciones de altos jerarcas en pleno ejercicio del poder fueron, en el mejor de los casos, una anomalía estadística.
La diferencia hoy es estructural. La máxima de «el que la hace la paga» ha dejado de ser un eslogan para convertirse en riesgo real para quien se atreva a cruzar la línea. Ya no existen las vacas sagradas, se han acabado con la independencia otorgada al Ministerio Público, también se ha roto el ciclo de impunidad, permitiendo que el peso de la ley caiga sobre los actores indelicados, sin importar si visten el color del partido oficialista o el de la oposición.
Es propio de la democracia que la oposición política critique; es su rol fiscalizador. Sin embargo, resulta paradójico criticar el «ruido» que generan los escándalos cuando, precisamente, ese ruido es la prueba de que el sistema de consecuencias está funcionando. Antes el silencio solapaba culpables; hoy el ruido los delata.
Criticar cada movimiento, incluso aquellos que representan un saneamiento institucional, puede ser una estrategia electoral, pero es una miopía de Estado. La persecución de la corrupción no debe verse como una debilidad del gobierno de turno, sino como una fortaleza de la nación.
Como empresario e inversionista, lo afirmo categóricamente: la honestidad es rentable. Un país donde el presidente declara que «quien roba tendrá que devolver lo robado» y actúa en consecuencia, se convierte automáticamente en un refugio seguro para el capital de calidad.
República Dominicana está construyendo un activo más apreciable que sus playas: la confianza. Y en un mundo convulso, la confianza es la divisa más valiosa.
Sobre el autor:
Antonio José Gómez Peña es ingeniero, empresario y experto en inversión extranjera. Actualmente se desempeña como Cónsul General de la República Dominicana en Barcelona.