Miami.- Al cumplirse veinte años del asesinato de Francisco Javier Ortiz Franco, cofundador y editor del semanario Zeta, de Tijuana, México, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) reitera su reclamo a la Justicia mexicana de continuar la investigación del caso, identificar a los responsables y castigarlos con todo el rigor de la ley.
El 22 de junio de 2004, Ortiz Franco ingresaba a su automóvil tras salir de una cita médica, cuando un individuo armado se le acercó y le disparó en varias ocasiones, según los registros de la SIP. Dos de sus hijos menores de edad que lo acompañaban en ese momento fueron testigos del asesinato; ambos resultaron ilesos. El crimen ocurrió en Tijuana, en el estado de Baja California.
La SIP recuerda en este nuevo aniversario las circunstancias de su desaparición y destaca la importancia de su valiente tarea informativa, en el marco de su campaña «Voces que reclaman justicia».
En una comunicación enviada a la SIP la familia expresó: «Han pasado veinte años con gobiernos de diferentes partidos prometiendo combatir la impunidad. Nuestra esperanza de obtener condenas por el asesinato disminuye, y seguimos preguntándonos si obtendremos al menos la verdad sobre los hechos para conocer qué fue lo que ocurrió. Comunicamos al gobierno saliente nuestra intención de alcanzar una solución amistosa para reparar el daño sufrido por nuestra familia. Tres años después, solo hemos recibido silencio e indiferencia. Esperamos que el próximo gobierno federal tenga mayor voluntad de atender nuestra exigencia de justicia».
Abogado de profesión, Ortiz Franco escribía en Zeta sobre política, inseguridad, corrupción y los grupos criminales que operaban en el estado de Baja California. Era considerado un profesional íntegro, honesto y solidario, con una dilatada trayectoria en la defensa de la libertad de prensa.
El presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, Carlos Jornet, instó a las autoridades mexicanas a realizar «todos los esfuerzos a su alcance para atender los reclamos de la familia de lograr acceso a la justicia y a la verdad». Jornet, director periodístico del diario argentino La Voz del Interior, agregó que «no hay justificación alguna para que, después de dos décadas, este caso continúe en la impunidad».
Dos días antes del crimen, Ortiz Franco reveló en el semanario Zeta la identidad de 71 miembros del cártel de los Arellano Félix. Su asesinato habría sido cometido por sicarios del cartel de la droga, en represalia directa por su trabajo informativo en el semanario.
Zeta ya había sido blanco de otros ataques de similar gravedad. En 1987, atacantes armados baleaban la sede del semanario y un año después era asesinado Héctor Félix Miranda, codirector del medio, crimen que aún sigue sin resolverse. En 1997 Jesús Blancornelas, cofundador del semanario, fue víctima de un atentado que casi le cuesta la vida y en el que murió su chofer y guardaespaldas, Luis Valero Elizalde.
Un mes antes del homicidio de Ortiz Franco, y como parte de una acción alcanzada con la intermediación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el periodista representó a la SIP en reuniones con la Procuraduría de Baja California para la revisión del expediente por el crimen de Félix Miranda.
Debido a la falta de resolución del caso, en 2010 la SIP presentó el caso de Ortiz Franco ante la CIDH. En 2021, la Alianza de Medios MX se unió a la SIP como representante del caso. Las organizaciones, junto a integrantes de la familia, han denunciado de forma constante omisiones de las autoridades en la investigación del homicidio y la falta de atención e información a las víctimas sobe el desarrollo del proceso.
Reprueban además que, a más de tres años de aceptar el inicio de un diálogo para alcanzar un posible acuerdo de solución amistosa, el Estado aún no haya emitido una contestación, lo que es percibido por la familia y los representantes como desinterés en el caso.
Tras el asesinato, la familia del periodista también fue víctima de intimidación. Su viuda, Gabriela Ramírez González, sufrió amenazas por parte del crimen organizado, lo que obligó a las autoridades a otorgar medidas de protección. Durante varios años, la familia contó con escoltas de la policía.
La campaña de la SIP «Voces que reclaman justicia» busca perseverar en el reclamo de justicia y rescatar la memoria de periodistas asesinados en América Latina durante las últimas décadas.
La SIP es una entidad sin fines de lucro dedicada a la defensa y promoción de la libertad de prensa y de expresión en las Américas. Está compuesta por más de 1.300 publicaciones del hemisferio occidental; y tiene sede en Miami, Estados Unidos.