El Papa Francisco firmó un decreto que eleva las sanciones penales para los abusos contra menores que se cometan en la Santa Sede. El texto incluye «el conjunto de la categoría de los delitos contra los menores».
El papa firmó este jueves un decreto que endurece las sanciones penales contra los delitos de pederastia y la prostitución de menores, según un comunicado del Vaticano.
Este texto, que introduce asimismo en las leyes vaticanas el delito de tortura, incluye «el conjunto de la categoría de los delitos contra los menores: la venta, prostitución, alistamiento y violencia sexual contra ellos, la pedopornografía, la posesión de material pedopornográfico y los actos sexuales con menores».
En abril pasado, el papa Francisco pidió que se actúe «con determinación» contra los abusos sexuales cometidos por el clero. Era la primera vez que el papa argentino se expresaba públicamente y directamente sobre los abusos sufridos durante décadas por decenas de miles de niños.
La nueva legislación vaticana también prevé la posibilidad de que los tribunales de la Santa Sede juzguen «delitos cometidos contra la seguridad, los intereses fundamentales y el patrimonio de la Santa Sede».
También se incluye en la legislación vaticana las cuatro convenciones de Ginebra contra los crímenes de guerra, la convención internacional sobre la eliminación de cualquier forma de discriminación racial, la convención contra la tortura y los tratos inhumanos y degradantes y la convención de 1989 sobre los derechos del niño.
El «motu proprio» (decreto) del papa prevé asimismo «la adopción de medidas de cooperación adaptadas a las convenciones internacionales más recientes» en materia de cooperación judicial entre el Vaticano y los otros Estados.
«En nuestra época, el bien común está cada vez más amenazado por la criminalidad transnacional y organizada, el uso inapropiado del mercado y de la economía y del terrorismo», subraya el papa en preámbulo de su decreto.
Además el sumo pontífice deroga la pena de cadena perpetua, que será sustituida por la reclusión a 30 o a 35 años.
Todas estas normas entrarán en vigor a partir del 1 de septiembre.