La Asociación de Concesionarios de Fabricantes de Vehículos (ACOFAVE),  se opuso a la modificación de la ley que permitiría incrementar la antigüedad de los vehículos usados, cuya importación está autorizada.

Enrique Fernández, pesidente  de ACOFAVE, presentó  argumentos a favor de que se mantenga igual o se reduzca la edad de los vehículos cuya importación está permitida.

Estuvieron presentes en la rueda de prensa, ejecutivos de las empresas asociadas de ACOFAVE, su Junta Directiva y una representación de la Red Nacional de Apoyo Empresarial a la Protección Ambiental (ECORED) anteriormente conocida como Renaepa.

Explicó que mientras en la mayoría de los países se prohíbe la importación de usados, en República Dominicana las importaciones de dichos vehículos representan el 66% de las importaciones, duplicando así cada año la cantidad de vehículos importados nuevos.

Enrique Fernández subrayó que la posición de ACOFAVE no responde a un interés comercial o competitivo, ya que el comprador de un vehículo de más de cinco años de antigüedad no es un cliente potencial de un vehículo nuevo, y que sus argumentos lo hacen por la obligación moral de hacer llegar a las autoridades y a la opinión pública la información de que la antigüedad del parque vehicular constituye un elemento crítico para la salud de la población y la economía en general.

Informó que a diciembre del 2011, de acuerdo a los datos de la Dirección General de Impuestos Internos, el 71.4% de los vehículos es de más de 10 años de antigüedad lo cual es una situación penosa.

Dijo que mientras más antiguo es un vehículo, más contamina y más combustible consume por razón de la evolución tecnológica de cada modelo.  Además, el desgaste natural que sufre el motor con el tiempo incrementa los niveles de contaminación y disminuye su eficiencia y eleva su consumo de combustible y aceites

Explicó que los estudios demuestran que los índices de contaminación de los vehículos se multiplican a partir de cinco años de usados, en comparación con los nuevos en las siguientes proporciones: los hidrocarbonos se quintuplican, el monóxido de carbono se incrementa tres veces y media, mientras el óxido de nitrógeno aumenta dos veces y media.

Señaló que la contaminación ambiental contribuye a las enfermedades como el cáncer en las vías respiratorias y cualquier ventaja comparativa que el gobierno o algún sector de la población pueda derivar de la importación de vehículos obsoletos y más contaminantes, la pagamos todos los ciudadanos y eventualmente el Estado Dominicano, mediante gastos de hospitalización, medicinas, cuidados médicos,  pérdida de la calidad de vida o la muerte.

“Si analizamos la compra de un vehículo usado por más de cinco años desde el punto de vista económico, nos damos cuenta del grave error que constituye seleccionar dicha alternativa”, expuso.

Indicó que resulta una píldora envenenada para el consumidor humilde, y no una gracia, el darle como única alternativa un vehículo más barato por viejo, que a la larga constituirá su ruina económica por el alto costo del mantenimiento y reparaciones.

Enrique Fernández manifestó que si se desean hacer más asequibles los vehículos a la clase media, se debería trabajar con los niveles de impuestos y con los planes de financiamiento, y no con la antigüedad de los vehículos.  Para estos fines se debería también especificar el tipo y tamaño de los vehículos permitidos dándole ingreso a los utilitarios y económicos.

Explicó que los vehículos usados se prestan al engaño a los consumidores.  Reportajes de prensa se han hecho eco de casos en los cuales los vehículos importados usados han sido manipulados para reducir el kilometraje que exhiben y también es común que luego del paso de tormentas y huracanes por los Estados Unidos, vengan al país unidades que fueron objeto de pérdida total por inundación.

Dijo que la medida de abrir dichas importaciones puede revertirse en contra de los importadores organizados de usados, pues en la medida en que disminuye el valor de las unidades, más fácil se hace el ingreso al mercado en calidad de suplidor informal y veremos multiplicarse la cantidad de personas y empresas dedicadas a la importación de vehículos y a su venta en todas las esquinas y avenidas del país.

Señaló que uno de los argumentos que se han esgrimido para la aprobación de la ley es que generaría ingresos fiscales adicionales.  Esto no es cierto.  En un estudio hecho en el 2007, cuando se comparan los impuestos pagados por los vehículos nuevos contra los usados, los nuevos contribuyen cinco veces más en impuestos.

Expuso que el tema no es solamente del monto de impuestos a pagar por vehículo, sino la posibilidad del gobierno de cobrar todos los impuestos que debe generar.  Esto así, porque cuando un vehículo es importado por una compañía organizada, especialmente de las que la DGII denomina “grandes contribuyentes”, la totalidad de la transacción está sujeta a fiscalización y al pago de impuestos de ITBIS tanto en aduana como al momento de la venta, primera placa, así como de impuesto sobre la renta de la compañía, seguridad social, impuestos municipales y demás, todo sujeto a revisiones, auditorías y fiscalizaciones hechas con precisión.  Nada de esto sucede con el mismo nivel de exactitud en el caso de los informales ya que la fiscalización de los mismos, por su importancia relativa y costo envuelto, es siempre inferior.

Señaló que la Ley 253-12 de Reforma Fiscal introdujo nuevos impuestos basados en la producción de CO2 de cada modelo de vehículo.  Esto, para estimular la preferencia por los vehículos menos contaminantes y más económicos.  Resulta un sin sentido aprobar ahora una medida, como la de aumentar la antigüedad a los vehículos importados usados, que viene a contravenir este interés de proteger al medio ambiente y reducir el consumo.

Exhortó a las autoridades del país, incluyendo a las legislativas, que protejan el medio ambiente, la biodiversidad, hagan asequibles los bienes de primera necesidad y los servicios de transporte a todos los ciudadanos.

Que comprendan que, en la medida que sube la presión fiscal, tal como se ha consignado en la Estrategia Nacional de Desarrollo, deben de preocuparse por la protección del sector empresarial organizado, que es su principal fuente de ingresos fiscales, generador de empleos y socio estratégico en el crecimiento económico y en la retención de impuestos.  Si no lo hacen, en poco tiempo, el valladar que constituye un nivel impositivo creciente, podría ocasionar que escasas empresas organizadas queden operando con éxito en el mercado formal y pagando religiosamente sus impuestos.  Mientras más se aumente la tasa del ITBIS mayor será la tentación de evadirlo mediante

la informalidad y menor la cantidad de empresas con capacidad o disposición de retenerlo.

Por Margarita Brito

Periodista con más de 20 años de experiencia en radio, televisión y prensa escrita. Esposa, madre y abuela. Escribo porque me gusta y porque nada me es ajeno.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *