Ante el anuncio del vicepresidente de FALCONDO, Edwin Deveaux, de que “la vida útil de la mina de ferroníquel es de seis a siete años, pero se podría incrementar a 20 años SI SE PERMITE LA EXPLOTACIÓN DE LOMA MIRANDA”, publicado en las páginas 1-A y 1-D del periódico Hoy de fecha 15 de agosto de 2018, el Gobierno dominicano debe proceder de inmediato a la cuantificación económica del pasivo ambiental de Falconbridge Dominicana; la verificación del estado de los fondos del Plan de Cierre, de los depósitos de los recursos para cubrir las pensiones y compromisos establecidos en las leyes de Seguridad Social; el pago de compromisos pendientes con el Estado dominicano, los ayuntamientos locales y dar seguimiento judicial al sometimiento por fraude eléctrico.
Las funciones económicas, biológicas, hidrológicas, paisajísticas y climáticas de Loma Miranda determinan de manera redundante e inequívoca los méritos para convertir esta zona en área protegida.
La nación dominicana no puede poner en riesgo su soberanía alimentaria. Arruinar Loma Miranda con la minería, a cambio de una bonanza económica efímera, significa abrir las puertas para la destrucción de la Cordillera Central, la Madre de las Aguas de esta media isla y aún más, poner en riesgo la base de sustentación del porvenir de las nuevas generaciones de dominicanos.
Ninguna acción o medida oficial debe poner en riesgo los recursos naturales y la biodiversidad en que se sustenta la supervivencia de sus ciudadanos. En un espacio insular como el de la República Dominicana, es imperativo preservar las fuentes de agua, los bosques que las sustentan y las zonas cordilleranas donde se originan.
Son demasiadas riquezas las que se arruinarían con la explotación minera de Loma Miranda, cuyos aportes económicos jamás podrían compensar los impactos sobre el ambiente, la economía y sobre la salud de la población.
Sería un acto de irresponsabilidad de cara al futuro entregar este bien mayor de la naturaleza a las actividades mineras para endosar a las generaciones por venir el peso y el desastre de un pasivo ambiental que jamás podrá solventarse.
El ordenamiento del territorio, incluyendo la declaración de áreas protegidas, es una prerrogativa soberana del Estado establecida en la Constitución. Es, además, una obligación de los poderes públicos garantizar la continuidad de los servicios ambientales que soportan la vida y las actividades económicas de la población.
Ningún proyecto o solicitud, ninguna concesión minera obliga al país a violar sus leyes ambientales y su constitución.
Ningún proyecto está autorizado a realizarse si no cumple con los requisitos nacionales y constituye una presión inaceptable la reiterada pretensión para que sea aprobado, más aún cuando todas las evaluaciones, incluyendo las del PNUD, han revelado deficiencias en los estudios y planes de manejo ambientales, a la vez que coinciden en la gravedad de los impactos esperados.
Las declaraciones del vicepresidente de FALCONDO constituyen una provocación a la sociedad dominicana que se ha expresado a través de infinidad vías: movilizaciones, vigilias, campamentos, reuniones, talleres, conciertos, actos religiosos, documentos y una amplia y creativa variedad de mecanismos.
Loma Miranda fue declarada Parque Nacional por la sociedad movilizada que está dispuesta a defender el agua, la vida, la biodiversidad a cualquier precio.
Rechacemos con todas nuestras energías está nueva provocación de FALCONDO y sus mamporreros locales. Reiteremos nuestro compromiso y vocación de lucha.
Para que siempre haya patria…
¡MIRANDA NO SE NEGOCIA!